El Parlamento de Hungría aprobó hoy por una holgada mayoría, pero con el rechazo de toda la oposición, la nueva Constitución del país, un texto que ha sido criticado por numerosos colectivos sociales por haber sido redactado exclusivamente por el partido del Gobierno.

El texto ha sido criticado como un instrumento que sirve a los intereses políticos del Fidesz, la formación que dirige el primer ministro, Víktor Orbán, y que controla dos tercios de los escaños del Legislativo.

Ni socialistas ni ecologistas participaron en la votación, en la que el partido de extrema derecha Jobbik se pronunció en contra de la nueva Carta Magna.

El texto, que recibió 262 votos a favor, 44 en contra y una abstención, será ratificado por el presidente del país el próximo día 25 y entrará en vigor el 1 de enero de 2012.

Las principales críticas a la nueva ley fundamental se dirigen contra las limitaciones de las competencias del Tribunal Constitucional, que no podrá revisar medidas relacionadas con el presupuesto mientras que el endeudamiento estatal no se sitúe por debajo del 50 por ciento.

El Consejo Presupuestario, cuyos miembros son nombrados por el presidente del país por un periodo de 6 años, podrá vetar el erario, mientras que el presidente puede disolver el Parlamento si no logra aprobar las cuentas públicas.

Esas dos disposiciones son consideradas una posible traba para la acción de futuros Gobiernos, ya que tanto la Presidencia como el Consejo estará en manos del Fidesz, al menos hasta 2015.

Otro punto polémico es la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, algo que los colectivos homosexuales consideran que les relega a ser ciudadanos de segunda categoría.

También es polémico el párrafo que se refiere a que "toda persona tiene derecho a la vida y a la dignidad humana, la vida del feto será protegida desde su concepción", porque abre la posibilidad a que se modifique la ley del aborto, algo que el Gobierno asegura no está en sus planes.

La nueva Constitución modifica también el proceso de aprobación de muchas leyes, que necesitarán de dos tercios de los votos del Parlamento para poder salir adelante.

Desde el punto de vista de las relaciones exteriores, la principal controversia se refiere a las comunidades magiares en otros países, como Eslovaquia, donde viven 500.000 húngaros étnicos.

"Hungría, guiada por el ideal de la nación húngara, asume la responsabilidad de todos los húngaros que viven en el extranjero", señala uno de los pasajes del nuevo texto.

La nueva Constitución instaura la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional como pena máxima y decreta el derecho a la legítima defensa y a la protección de la propiedad privada.

La Constitución, cambia también el nombre del país, que pasará de llamarse República Húngara a, simplemente, Hungría.