El portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle, ha señalado que, aproximadamente, se han destruido unos 15.000 puestos de trabajo desde que comenzara a externalizarse los procesos de privatización en la sanidad, en el año 2010.

No obstante, ha reconocido, durante la presentación del informe La privatización de la sanidad pública y estrategia para defender el derecho a la salud, que esta cifra puede ser 'mucho mayor' dado que tanto Gobierno central como el resto de ejecutivos regionales, 'especialmente los del PP', no ofrecen con 'transparencia' estos datos.

'No sabemos si estas cifras no las ofrecen porque quieren engañar a los ciudadanos o porque realmente son tan inútiles que no saben cuántas personas hay trabajando en los centros sanitarios de sus comunidades autónomas', ha apostillado Sánchez Bayle.

Así, ha lamentado que los únicos beneficiarios de las políticas de privatización de la sanidad sean las grandes aseguradoras, la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria, las empresas auditoras, los grupos de gerentes y expertos sanitarios y las entidades bancarias.

En este punto, ha alertado de que, también, estas medidas benefician a los dirigentes del Partido Popular, a sus familiares y allegados que 'salen y entran' de la Administración y de las empresas adjudicatarias 'en función de sus intereses'.

'En un momento en el que el paro aqueja a la mayoría de la población y en el que la gente con preparación técnica y profesional tiene que emigrar el país, esta gente, a pesar de su desconocimiento y falta de cualificación en el área sanitaria, no para de encontrar trabajos en todas las empresas a los que ellos dieron negocio privatizando los servicios públicos', ha recalcado el portavoz de la FADSP.

Dicho esto, Sánchez Bayle ha informado de que las comunidades autónomas que más procesos de privatización sanitaria están llevando a cabo son la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha, todas ellas gobernadas por el PP.

No obstante, ha recordado que Catalunya, gobernada por CiU, ha sido la región 'pionera' en la concertación con el sector privado, desarrollando 'múltiples' fórmulas de gestión y provisión de servicios sanitarios y poniendo en práctica un proceso de 'fragmentación' del Instituto Catalán de la Salud (ICS), concediendo autonomía de gestión a los hospitales y centros de Atención Primaria, y 'externalizando' gran parte de sus servicios.

Asimismo, según ha informado, la Comunidad Valencia ha sido también pionera en el desarrollo de la privatización, dado que fue la primera en recurrir a la financiación, gestión y provisión de los servicios sanitarios utilizando la figura jurídica de Obra Pública, para 'levantar' nuevos hospitales. 'Los sobrecostes de la financiación privada han llevado a esta comunidad a la bancarrota, según ha denunciado ya la Sindicatura de Cuentas', ha comentado.

En el caso de la Comunidad de Madrid, Sánchez Bayle ha avisado de que el ejecutivo autonómico está 'embarcado' en una 'vorágine privatizadora' que, desde un primer momento, ha incluido, entre otras medidas, la financiación y gestión privada de siete hospitales, la concesión a otros tres de la atención y la gestión, la privatización de los laboratorios y su adjudicación a una empresa privada, así como la adjudicación a un hospital privado –la Fundación Jiménez Díaz– de la atención especializada de 400.000 habitantes mediante un concierto 'singular muy favorable a los intereses de la misma'.

En relación a las medidas adoptadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, la FADSP ha denunciado que pretenda sacar a licitación la gestión integral de cuatro hospitales públicos, y haya paralizado la construcción del Hospital General Universitario de Toledo por conflictos de intereses, 'nada claros', con constructoras.

Asimismo, en Galicia, la Xunta ha privatizado servicios 'estratégicos' como la Central de Llamadas, la Plataforma Informática, la Central de Compras, el sistema de archivos, o la provisión, gestión y control de los recursos de alta tecnología. En Murcia, se ha reducido el presupuesto en Sanidad por segundo año consecutivo en un 24% y se ha comenzado un plan de derivación de pruebas diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas a hospitales privados concertados.

Por otra parte, el informe destaca que con la llegada del PP a Aragón las dinámicas de privatización y recortes 'se han acentuado' y que es la comunidad que aplica con 'más rigor' el Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Además, señala que Baleares, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Extremadura y Canarias también están llevando a cabo sucesos procesos de privatización que 'perjudican' al 99% de la población y 'sólo benefician' a un 1%.

Por el contrario, el presidente de la FADSP ha explicado que Andalucía la privatización 'no se ha visto agravada' sino que se ha reducido en lo que respecta a la 'externalización' de pruebas diagnósticas y conciertos 'singulares' quirúrgicos y autoconciertos. No obstante, ha avisado de que en esta comunidad, presidida por el PSOE, se están produciendo recortes en los presupuestos sanitarios que 'penalizan' especialmente a las plantillas de trabajadores.

'Todo esto demuestra que el PP está acelerando el proceso de privatización de la sanidad, aprovechando el enorme poder que acumuló en las últimas elecciones, con el subterfugio de que la crisis económica y los límites al endeudamiento público establecidos por la Unión Europea obligan a reducir el gasto sanitario. El Gobierno ha dado un gran impulso al desmantelamiento y privatización de la sanidad, probablemente con la finalidad de alcanzar una masa crítica que haga irreversible el cambio de modelo sanitario', ha zanjado.