El Gobierno ha decidido hoy sacar del sistema de módulos a profesionales como fontaneros y cerrajeros para limitar el uso de facturas falsas; ha decretado que las cuentas no declaradas no prescriban y ha reforzado las medidas cautelares que puede tomar la Agencia Tributaria contra presuntos defraudadores.

Son medidas incluidas en el anteproyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal al que ha dado hoy luz verde el Consejo de Ministros, y que también limita, por primera vez en España, el uso de efectivo en operaciones en las que intervenga un profesional a 2.500 euros.

La cantidad se elevará a 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente, con el fin, según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "de favorecer al turista que viene a hacer compras en España".

Montoro ha explicado que con estas medidas se trata de ganar equidad tributaria e incrementar la recaudación, aunque ha evitado un cálculo sobre los posibles ingresos.

"Por supuesto aumentará la recaudación, pero no queremos incluir ninguna cifra que no tenga las mayores garantías" ha asegurado el ministro, para quien el principal objetivo es conseguir la mayor credibilidad para los presupuestos generales del Estado.

En el anteproyecto de Presupuestos de 2012 el Gobierno eleva a 8.171 millones de euros la recaudación mediante las acciones antifraude.

La salida de determinados profesionales del sistema de módulos (que pagan una cantidad fija en función de diferentes factores, como metros de local, número de trabajadores y otros, no de su facturación) era una reivindicación de colectivos de inspectores de Hacienda que identifican este sistema con un "nido de facturas falsas".

Con el régimen de módulos, el cálculo de los beneficios y del IVA a ingresar por el empresario no está relacionado con su facturación, lo que implica que si emite facturas falsas no tiene que pagar más a Hacienda.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2013 -fecha prevista de la entrada en vigor de la mayoría de estas medidas- se excluye a los empresarios o profesionales que facturen menos del 50 % de sus operaciones a particulares y cuyo volumen de rendimientos íntegros del año anterior sea superior a 50.000 euros.

Quedan fuera por lo tanto las actividades como carpintería, confección, fabricación de artículos de ferretería, industria del mueble de madera, revestimientos, trabajos en yeso o escayola, albañilería, cerrajería, fontanería o pintura.

Por otro lado, se crea la nueva obligación de informar sobre cuentas y valores situados en el extranjero, con un modelo que se aprobará al efecto.

Asimismo, las rentas no declaradas en el exterior no prescribirán y se imputarán al último periodo impositivo de entre los no prescritos.

La ampliación de las medidas cautelares que podrá adoptar la Agencia Tributaria trata de evitar que los presuntos defraudadores puedan declarase insolventes o alzar sus bienes antes de que terminen las investigaciones, para así eludir las correspondientes sanciones.

Al respecto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que en los tribunales españoles hay expedientes fiscales abiertos pendientes de cobro por valor de 6.000 millones de euros.

En los procedimientos tributarios se adelanta el momento en el que se pueden adoptar medidas cautelares, ya que hasta ahora sólo se podían tomar tras comunicar la propuesta de liquidación.

Mientras tanto, en los procesos penales de delito fiscal, se permitirá que Hacienda adopte también medidas cautelares, incluidos embargos, algo que ahora mismo es imposible.