La colaboración entre las diferentes administraciones fiscales europeas ha permitido a la Agencia Tributaria española obtener información relevante sobre contribuyentes españoles con dinero oculto en paraísos fiscales. En concreto, investiga los datos de un millar de cuentas secretas en Suiza, a cuyos titulares ha exigido que regularicen su situación fiscal en un plazo de diez días, según las fuentes consultadas por Público. Un portavoz de la Agencia Tributaria ni confirmó ni desmintió la información.

Los datos sobre las cuentas secretas en territorio suizo proceden de Francia, que habría facilitado a este país un individuo a cambio de dinero y protección. Se trata de un caso muy similar al que afectó al principado de Liechtenstein hace tres años, cuando los servicios secretos alemanes compraron datos sobre cuentas secretas a un empleado del principal banco de este paraíso fiscal. Alemania, a través de la OCDE, distribuyó luego esa información a otros países, entre ellos España (ver información adjunta).

La Administración busca evitar que prescribanlas deudas fiscales

En el caso actual, según las fuentes consultadas, las cuentas sobre las que ha llegado la información a España son del banco de origen británico HSBC en Suiza. Los datos en poder de la Administración fiscal española afectan a los años 2005 y 2006, que todavía no habrían prescrito.

Esto explicaría la premura con la que ha planteado la Agencia Tributaria sus requerimientos a los contribuyentes afectados. En julio, a efectos penales, prescriben las deudas fiscales del año 2004, y a efectos administrativos, las del año 2005.

Las cuentas estaban en el banco de origen británico HSBC

Según las fuentes consultadas, la Agencia Tributaria estatal no es la única que está haciendo usos de los datos de las cuentas secretas suizas. Las Haciendas de las comunidades autónomas también están analizando la información, que puede tener incidencia en los impuestos que tienen cedidos, como el de Patrimonio.

Las fuentes consultadas no pudieron precisar el volumen de dinero que ha permanecido en las cuentas opacas. Las cifras manejadas en algunos medios van entre 6.000 millones y 8.000 millones.

En virtud de su convenio tributario con la UE, Suiza tiene que aplicar una retención fiscal del 20% sobre los intereses de las cuentas anónimas de titulares no residentes europeos. Tres cuartas partes de esa retención se transfieren a España. En 2009, el Tesoro ingresó por esta vía legal 55,9 millones de los rendimientos de las cuentas de españoles en Suiza. Los datos de las retenciones practicadas muestran que España es el quinto país europeo con un mayor número de cuentas y un mayor volumen de depósitos en el país helvético.

Suiza, cuyos bancos gestionan una cuarta parte de la riqueza mundial depositada en territorios de nula tributación, ha dejado de considerarse, a nivel internacional, como un paraíso fiscal. El país salió en septiembre de 2009 de la lista elaborada por la OCDE, por encargo del G-20, de territorios fiscalmente opacos y escasamente colaboradores con otras administraciones tributarias. Para ello, el Gobierno helvético firmó una docena de convenios de colaboración fiscal con otros tantos países. España también está presionando para limitar su tradicional opacidad bancaria dentro del convenio de doble imposición con Suiza, que tiene fecha de 1968, y que ya se revisó en 2006.

En realidad, el secreto bancario suizo ha mostrado ya sus primeras grietas por la presión de EEUU. La Administración norteamericana logró el año pasado un acuerdo con las autoridades suizas para recibir información sobre estadounidenses con cuentas en UBS, el principal banco del país.

Washington había amenazado con retirar la ficha bancaria a la entidad suiza (una tercera parte de su plantilla total trabaja en EEUU), y con meter en la cárcel a sus responsables por colaboración en delito fiscal. Finalmente, el banco y el Gobierno suizos aceptaron entregar datos de las cuentas de 4.450 clientes estadounidenses.

Pero no ha sido fácil llevar adelante este acuerdo. Sólo hace una semana, las dos cámaras del Parlamento suizo dieron su visto bueno al convenio con EEUU, que había dado de plazo hasta agosto de este año para recibir los datos fiscales. El Parlamento amagó, incluso, con llevar este asunto a referéndum.