Hacienda estudia bajar las deducciones a las empresas

El Ministerio de Economía y Hacienda estudia una revisión de las deducciones del Impuesto de Sociedades que, de llevarse a la práctica, equivaldrá a una subida de la presión fiscal sobre las empresas. Al menos, para las que más se benefician del actual sistema de deducciones. Hacienda cree que hay elementos "manifiestamente mejorables" en el diseño de ese impuesto, cuya última reforma data de 2006, aunque no empezó a aplicarse hasta 2007. Entonces, se rebajó cinco puntos el tipo general, hasta el 25% para las pymes y hasta el 30% para las grandes compañías.

Hacienda se plantea corregir "agujeros" detectados en la aplicación de una serie de deducciones, como las que incentivan la inversión en I+D, los gastos financieros y la deducción del fondo de comercio, que permite desgravarse, durante 20 años (a razón del 5% anual), la diferencia entre el precio pagado por una empresa y su valor contable, sólo para adquisiciones en el extranjero. El ministerio sospecha de "abusos" en la aplicación de esas ventajas fiscales que hacen que, para algunas empresas (independientemente de su tamaño), el tipo real de tributación sea de apenas el 10%.

La deducción por I+D o a las compras en el exterior podrían revisarse

La posible reforma no está aún perfilada pero Hacienda confía en tener sus líneas maestras en "algunos meses", aunque no maneja ningún calendario. Además, fuentes ministeriales recuerdan que retocar el impuesto supone tramitar una ley y para eso se requieren apoyos: "Hay que sensibilizar al Parlamento, a los grupos, a otros ministros y al presidente" del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

De enero a mayo, la recaudación por el Impuesto de Sociedades ha caído un 18,1%, muy por encima de la previsión para 2010 contenida en los Presupuestos Generales del Estado (del 9,5%). El descenso es atribuible en buena parte a la coyuntura económica, pero Hacienda no descarta la influencia del sistema de incentivos.

La recaudación de sociedades cayó hasta mayo más de lo previsto

Por otro lado, el ministerio confía en aprobar este mes el código de buenas prácticas fiscales con las grandes empresas, una propuesta formulada el año pasado en el marco del Foro de Grandes Empresas, creado a instancias de Hacienda y de las 27 principales sociedades del país por ventas.

Los trabajos técnicos para redactar el código ya han concluido y sólo falta que lo aprueben las empresas en la próxima sesión plenaria del citado foro. Entre los objetivos del código está que los miembros de los consejos de administración de las empresas conozcan en todo momento la política fiscal que aplican sus empleados y que las principales dudas tributarias de las compañías se resuelvan de forma preventiva, antes de que se produzca una inspección y el proceso se dilate innecesariamente.

La iniciativa pretende reducir el recurso de las empresas a la vía judicial para dirimir disputas fiscales. "Buena parte" de la deuda pendiente de cobro por parte del fisco corresponde a liquidaciones sobre las que deben decidir los tribunales, según Hacienda.

La reducción de la deuda fiscal pendiente de cobro es una de las prioridades de la Agencia Tributaria para el próximo año. El organismo, que cambió de director general a finales del pasado abril (Juan Manuel López Carbajo sustituyó a Luis Pedroche, que llevaba seis años al frente de la entidad), ha nombrado a Juan Cano (procedente de la delegación catalana de Hacienda) nuevo jefe de Inspección Financiera y Tributaria, un puesto que la secretaría de Estado de Hacienda considera "clave".

Entre las prioridades del nuevo equipo está la de dar "un empujón" a la lucha contra el fraude fiscal.

Hacienda asegura que sancionará a los titulares de "todas" las cuentas opacas radicadas en Suiza cuya regularización ha exigido mediante una serie de requerimientos enviados en junio. Se trata de unos 1.000 contribuyentes españoles con cuentas en la filial helvética de HSBC. El caso salió a la luz cuando, en 2006, un ex empleado del banco británico robó datos de 15.000 clientes y los entregó al fisco francés, que luego trasladó la información a España. Hacienda, que no teme que el origen de los datos invalide el proceso, dice que hay jurisprudencia a su favor y defiende que el requerimiento es mejor opción que la vía judicial. Esta fórmula interrumpe la posibilidad de que el posible delito fiscal prescriba.