El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha afirmado que el impacto económico que tendrá el proyecto de ley de servicios profesionales, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, superará a medio y largo plazo los 7.000 millones de euros.

Tras el Consejo, De Guindos ha destacado que esta ley forma parte del plan de reformas del Ejecutivo y ha añadido que responde a las recomendaciones de la Comisión Europea, del FMI y de la OCDE.

El ministro ha indicado que la reglamentación actual sobre colegios y servicios profesionales data del siglo XIX y que la normativa aprobada supondrá un modernización de un sector 'extremadamente relevante, importante y dinamizador de la economía española'. En este sentido, ha destacado que los servicios profesionales representan casi el 9 % del PIB, el 6 % del empleo total y el 30 % del empleo universitario.

El titular de Economía ha incidido en la competitividad de este sector profesional y ha subrayado que, si se observa la balanza de servicios, se observa siempre una partida positiva del turismo, pero también, y en los últimos trimestres hay una tasa de crecimiento cercana al 40 % en los no turísticos donde están incluidos los colegios profesionales.

La colegiación será obligatoria para las profesiones jurídicas, sanitarias y técnicas

De Guindos ha afirmado que la nueva ley establece la lista de profesiones en las que la colegiación será obligatoria y en las que están incluidas las jurídicas, sanitarias o técnicas. Asimismo, ha señalado que también prevé una colegiación voluntaria y que se pueda crear a petición de los profesionales, siempre que sustenten esa solicitud.

Además, ha indicado que se mejora el ejercicio de potestad disciplinaria de los colegios y ha añadido que el código deontológico será único para toda España. De Guindos ha asegurado que para establecer el régimen general de remuneración de cargos directivos deberá aprobarse por una mayoría cualificada de los colegiados.

En busca de la transparencia, será obligatoria la presentación de las cuentas y se exigirá que toda la información en relación con las cuotas esté disponible de forma telemática.

El ministro ha afirmado que el principio general y básico es el libre acceso al ejercicio a los servicios profesionales y ha destacado que las restricciones sólo podrán ser exigidas por ley estatal o autonómica, 'siempre que esté justificado y no sea discriminatorio'