La 'Gürtel' balear salpica al delegado del gobierno en Menorca y a la cuñada de Matas

El juez de Palma de Mallorca José Castro ha dado un paso más en el caso que investiga la ramificación del caso Gürtel en Baleares y ha imputado al exregidor de Urbanismo en el Ayuntamiento palmesano Javier Rodrigo de Santos, al director insular del Gobierno en Menorca, Antoni Luis Juaneda, al alcalde de Inca, Rafel Torres, y a la cuñada del expresidente del gobierno balear Jaume Matas, Encarnación Padilla, así como al exgerente del PP Antonio López. En la pieza, el magistrado indaga la financiación irregular del PP en el periodo 2003-2007.

Las consecuencias políticas de la decisión del juez han sido rápidas en esta ocasión,  El director insular del Estado en Menorca, Antoni Juaneda, ha presentado su dimisión a la delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer. En un comunicado hecho público este martes por la Delegación del Gobierno en Baleares, Juaneda afirma que siempre ha actuado dentro de la "más estricta legalidad" y explica que abandona su actual responsabilidad para no perjudicar a la institución que representa y cumplir con los compromisos adquiridos con las personas que le propusieron para el cargo y le nombraron, y también con el PP balear. Juaneda ha comunicado su renuncia a la delegada del Gobierno para que sea efectiva de forma inmediata y muestra su disposición ante la Justicia, "como no puede ser de otra manera", para esclarecer los hechos y facilitar toda la información que se le requiera.

La investigación de esta pieza se intensificó la pasada semana en Madrid en torno a la financiación supuestamente ilegal del PP balear. Así consta en el auto, que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha dictado este martes para acordar el levantamiento del secreto que pesaba sobre estas pesquisas y citar a declarar a un total de trece personas, entre imputados y testigos, entre los próximos días 5 y 12 de noviembre.

Así, entre todos ellos Padilla, mujer del extesorero del PP Fernando Areal -hermano de la mujer de Matas-, ha sido emp.lazada el mismo día 5; Juaneda así como el exgerente del partido Antonio López comparecerán el 7, mientras que Torres y Rodrigo de Santos lo harán el día 8.

A todos ellos se suman María Enriqueta Sierra (citada el día 5), directiva de la empresa que se encuentra en el foco de las investigaciones, Over Marketing; la exempleada de esta mercantil María Luisa Durán (día 7), y el empresario José Ignacio Rodríguez (día 12). Asimismo, como testigos han sido citados la exdirectora general de Función Pública María Luisa Ginard, a dos exjefas de prensa, a Neus Salas y a quien entre los años 2004 y 2005 desempeñó el cargo de jefe de la UGE de la Consejería de Interior.

Se trata de la primera ronda de comparecencias que el magistrado llevará a cabo en sede judicial en el marco de estas investigaciones, centrada en la presunta financiación irregular del PP y el amaño de concursos públicos durante la última legislatura de Matas (2003-2007), todo ello después de que que el pasado miércoles una comisión judicial desplazada a Madrid, con el juez José Castro a la cabeza, interrogara a entre otros al publicista Daniel Mercado, administrador de Over, cuyo nombre aparece estrechamente vinculado a la trama Gürtel.

Con estas diligencias los investigadores buscan esclarecer los promenores que rodearon a estas supuestas irregularidades, que en términos generales ya estaban siendo investigadas desde hace varios años en causas de presunta corrupción como los denominados casos Ibatur y Palma Arena.

Uno de los exaltos cargos del PP que según las mismas fuentes se encuentran en el punto de mira y que podría ser en próximos días citado a declarar es el exconsejero de Interior José María Rodríguez, quien el pasado mes de julio dimitió de su cargo como delegado del Gobierno en Baleares a raíz de las informaciones surgidas en torno a la presunta falsificación de facturas en la que incurrió en favor de la trama Gürtel mientras era consejero de Matas.

También otras Consejerías se encuentran bajo lupa judicial, como son la de Sanidad y la de Inmigración, tal y como han señalado las fuentes, que han apuntado que, además de las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte del Ejecutivo autonómico, se indagan las partidas públicas que se destinaron a Over por publicidad institucional y si éstas fueron destinadas al objeto para el que fueron otorgadas.

La operación arrancó el pasado miércoles con el interrogatorio de Mercado a raíz del presunto trato de favor del que gozó durante el último gobierno de Matas, cuyo partido, el PP, se habría beneficiado a su vez de desvíos de dinero procedente de los contratos adjudicados. Y es que las investigaciones apuntan a que el empresario fue beneficiado de forma presuntamente irregular mediante la adjudicación de numerosos contratos a lo largo del mandato del PP, todo ello tras haberse encargado del diseño de la campaña electoral del partido previa a los comicios autonómicos y municipales de 2003.

Precisamente, fue en la sede de Over donde, en el marco de los registros llevados a cabo durante la operación policial del caso Ibatur (en verano de 2010), los investigadores hallaron documentación que relacionaría algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Matas con parte de los hechos investigados en el caso Gürtel.

Ya entonces las pesquisas apuntaban a que una de las empresas públicas del ejecutivo de las islas, el Instituto Balear de Turismo, destinó durante esa legislatura unos 22,3 millones de euros a empresas que, a su vez, realizaron pagos a la sociedad Easy Concept Comunicación, investigada en el marco del caso Gürtel y al frente de la cual figuraba como administrador Pau Collado, imputado en este último procedimiento.

Unos hechos que constituyen una de las líneas de investigación del caso Ibatur, centrado en un presunto desvío de millones de euros a través de esta sociedad. Tanto es así que un informe de la Agencia Tributaria revelaba que el Ibatur destinó 142.200 euros a Over entre 2004 y 2005, compañía que en ese mandato fue contratada por la Fundació Balears Sostenible -cuyo director gerente entonces era Collado- para promocionar la Tarjeta Verde en sustitución de la ecotasa que impulsó el anterior Pacte de Progrés.

Además, el documento revelaba que directa o indirectamente tanto el Ibatur como La Moderna Organización y Dirección de Acontecimientos S.L. y Espiral Producciones TV han mantenido relaciones comerciales con Easy Concept, una de las principales sociedades bajo sospecha en el caso Gürtel.

De acuerdo a ese informe, el Ibatur habría adquirido, por un total de 17,4 millones entre 2004 y 2008, servicios de Match Golf Consulting, que realizó pagos a Easy Concept y que, además, durante el pasado mandato resultó adjudicataria de la organización del torneo de golf anual Mallorca Classic, que se celebra en s'Era de Pula (Son Servera). Precisamente, este evento también está siendo investigado a raíz de las numerosas facturas halladas sin justificar relativas al patrocinio millonario del torneo por parte del Govern.

Por otro lado, la empresa dependiente de la Consejería de Turismo, al frente de la cual se encontraba Joan Flaquer, invirtió entre 2004 y 2008 un total de 652.000 euros en la compañía Espiral Producciones TV, a la que, a su vez, Over Marketing declara haber comprado servicios por 37.436 euros, pese a que Espiral le imputa unas ventas de 64.081 euros.

Finalmente, La Moderna Organización S.L. recibió en el pasado mandato 4,1 millones de euros del Govern, mientras que en 2008 pagó un total de 40.010 euros a Easy Concept. El informe destacaba asimismo que el Ibatur destinó un total de 826.000 euros a la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Baleares, a la Asociación Independiente de Jóvenes Empresarios de Baleares -de la que Collado era presidente-, integrada a su vez en la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, a cuyas cuentas bancarias Collado estaba autorizado.

Cabe recordar que una de las últimas actuaciones enmarcadas en las investigaciones sobre Over se encuentra la petición, por parte de la Guardia Civil, de la imputación de la eurodiputada Rosa Estaràs, quien fuese mano derecha de Matas y vicepresidenta del Ejecutivo balear, tras determinar en un informe aportado ante dos Juzgados su presunta intervención en el amaño de un contrato otorgado por unos 270.000 euros a Mercado, tal y como señalaron entonces fuentes de la investigación a Europa Press.