Un grupo de expertos elaborará el informe definitivo de víctimas

La lucha por recuperar la dignidad de sus antepasados llega a su final tras más de 70 años de sufrimiento. Las familias de las víctimas del franquismo celebraron ayer que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidiera abrir el caso contra los crímenes cometidos en la Guerra Civil y la posguerra por los militares golpistas del 17 de julio de 1936. Un equipo de expertos dirigirá las exhumaciones de fosas comunes en las próximas semanas.

La elaboración definitiva del histórico censo -tanto de fosas como de víctimas- será dirigido por un grupo de siete personas. Cinco de ellas serán nombradas por los denunciantes y otras dos por el juzgado. Los expertos visitarán centros de documentación, registraran testimonios orales y sobre todo coordinarán la recuperación de restos y su identificación. Todo con la ayuda o supervisión de otro conjunto de diez agentes de la Policía Judicial.

"Serán gente que conozca de cerca las investigaciones ya hechas de la memoria histórica", explicó Fernando Magán, abogado de algunas asociaciones denunciantes. Este letrado es uno de los que confeccionará "en los próximos diez días" el equipo de expertos que tendrá que actualizar definitivamente el número de personas que murieron a manos de los militares y los falangistas durante más de 15 años de represión criminal.

Uno de los expertos que los denunciantes sitúan como pieza fundamental del equipo de investigación es el antropólogo forense Francisco Echevarría. Este científico cuenta con amplia experiencia en recuperación de restos humanos en todo el mundo. Y sobre todo en la rehabilitación de la memoria republicana. "Es importante que la opinión pública sepa que no se van a poder recuperar todos los miles de cuerpos enterrados, pero la implicación del Estado es muy importante", reflexionó ayer al conocer el auto.

El forense explicó que en muchas ocasiones, los restos ya se encuentras desintegrados o en un estado pésimo de conservación que impide la extracción de material genético para su identificación. Es el precio a pagar por haber dejado pasar más de siete décadas para recuperar los cuerpos de las víctimas de un delito de lesa humanidad. Las pruebas del crimen están en mal estado. Como cualquier otro crimen investigado, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses recibirá las pruebas.

La cifra final de personas identificadas rondará las 114.266. Es el censo en el que Garzón ha basado su decisión de investigar el periodo más oscuro del pasado siglo en España.