Granados, a la cárcel

El juez central de instrucción 6, Eloy Velasco, ha dictado un auto este jueves por el que ordena la prisión incondicional y sin fianza del exconsejero Francisco Granados por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, organizacion criminal, contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude.

El juez no cree a Granados y atribuye al expolítico ser titular de algunas de las cuentas de las que las autoridades suizas han informado que existe sospecha de blanqueo de capitales agravado.

"A lo largo de su carrera pública existen indicios de que [Granados] habría beneficiado a David Marjaliza y otros empresarios" en materia de contratación pública y urbanismo, "tomando parte en una red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio, habiéndose identificado diversas operaciones inmobiliarias de las que se sospecha pueden haber sido la contraprestación recibida de aquellos empresarios", incurriendo presuntamente en los ocho delitos de corrupción que le atribuye el instructor, entre los que se incluye organización criminal, blanqueo de capitales o cohecho.

Su amigo de la infancia, del colegio y supuesto beneficiario de sus contratos, David Marjaliza, es enviado también a prisión incondicional y sin fianza.

El juez Velasco razona en el auto que Marjaliza es titular de algunas de las cuentas que investigan las autoridades suizas y que, al igual que Granados, es sospechoso del delito de "blanqueo de capitales agravado".

El auto de Velasco sostiene que Marjaliza sería "cabeza de un amplio entramado empresarial, núcleo de una organización criminal cuya actividad está vinculada a actuaciones administrativas como promociones urbanísiticas, contratos públicos o consesiones administrativas, habiéndose aprovechado de sus amplias relaciones personales y políticas, para lograr las adjudicaciones irregulares tanto para sus propias empresas como para terceros, recibiendo una comisión por su actuación".

"Responsable de crear un complejo entramado emmpresarial para ocultar los beneficios de su actividad empresarial, tanto la lícita como delictiva, y para evitar el control de las autoridades, dificultando que se vincule con las adjudicaciones públicas continuadas que recibe en aquellas administracviones donde actúa en concertación con autoridades públicas y funcionarios corruptos".

Marjaliza es "el centro de una amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas". Por ello, el juez le atribuye los presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, cohecho, utilización de información confidencial, malversación, prevaricación, falsificación documental y fraude.

Responsable de haber filtrado a Granados que era vigilado con vídeo en las inmediaciones de la sede empresarial de Marjaliza, José Manuel Rodríguez Talamino "puso en grave riesgo la investigación y ha dificultado severamente la marcha de la misma", según el auto de Velasco.

El auto atribuye a este guardia civil del delito de revelación de secretos por haber realizado gestiones para obtener más información acerca de las grabaciones autorizadas por la Audiencia Nacional, a requerimiento de Francisco Granados y de su amigo José Luis Caro Vinagre.

Caro Vinagre fue imputado en el año 2009 por ser uno de los funcionarios integrantes de la Gestapillo montada por Granados cuando era consejero de Presidencia, Justicia e Interior para espiar a compañeros del PP.

En aquella época se dilicidaba la sucesión al frente de la Comunidad de Madrid y la Gestapillo espió al actual presidente, Ignacio González, así como al número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, o al exconsejero Alfredo Prada.

Eloy Velasco dicta además la libertad bajo fianza de 60.000 euros para dos empresarios, imputados por mediar entre el ayuntamiento de Collado-Villalba y la empresa Cofely España, filial de la francesa GDF Suez. Son los casos de Victor Manuel Ortega Martínez y Manuel Casado del Castillo. Ambos están considerados miembros de la "trama organizada para afrontar el pago de los cohechos vinculados" al contrato de eficiencia energética de esta localidad adjudicada a Cofely por importe cercano a los 40 millones de euros.

Para preparar el pago de Cofely al ayuntamiento se habría preparado un sistema de facturas falsas por servicios no prestados entre la filial del gigante energético francés y las empresas de Marjaliza. Los dos empresarios están imputados de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, fraude, cohecho, falsedad documental y malversación.

La macroredada de la Guardia Civil se llamó Operación Púnica por el nombre científico de la granada, Punica granatum, y en alusión a uno de los principales cabecillas de la supuesta organización criminal, Francisco Granados.

La Guardia Civil puso a disposición de la Audiencia Nacional a un total de 32 personas. Todas ellas han resultado imputadas.

Eloy Velasco, titular del juzgado central número 6, ordenó el ingreso en prisión incondicional y sin fianza para siete de los detenidos: Granados, Marjaliza, Marcos Martínez Barazón -presidente de la Diputación de León-, José Carlos Boza -alcalde de Valdemoro-, Alejandro de Pedro -supuesto cabecilla y conseguidor- Ana María Ramírez -mano derecha de Marjaliza- y Pedro García, directivo de Cofely, filial en España del gigante energético francés GDF Suez.

Además, Velasco acordó prisión con fianza para otros 13 detenidos y dejó en libertad con fianza a otros cuatro detenidos.

Ocho personas han quedado en libertad sin tener que pagar fianza, pero siguen imputadas todas ellas, de las que cinco están obligadas a comparecer en el juzgado cada mes.

El magistrado Eloy Velasco ha dictado este viernes un auto de libertad de ocho de los encarcelados de la trama Púnica, después de que hayan depositado la fianza. En total, once de los 32 detenidos han quedado en libertad tras pagar las cauciones exigidas. Sólo uno salió ha salido libre sin fianza, pero imputado: el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso.

El director general de Cofely España, Didier Maurice, el director comercial de esta empresa, Constantino Álvarez de la Cueva, y el jefe de operaciones, José Antonio Hernández Pérez, han depositado sus respectivas fianzas 100.000 euros para salir de la prisión de Soto del Real (Madrid). Los tres directivos serían partícipes de los delitos cometidos por la organización criminal "para adjudicarse contratos públicos millonarios". Están imputados por articular una trama de facturas e informes falsos para acometer el pago de los cohechos comprometidos".  Delitos: organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude.

Permanece en prisión sin fianza el cuarto de los detenidos de esta empresa, Pedro García Pérez, director de mercado publico y principal interlocutor y articulador de la red de tráfico de influencias y de pago de cohechos en beneficio de Copely. Está imputado de los mismos delitos que sus compañeros de empresa.

José Luis Navarro Soto saldrá de Soto del Real tras haber consignado 100.000 euros. Arquitecto municipal en Valdemoro, habría favorecido a Marjaliza para resolver y agilizar los trámites de los contratos. Además, empresas vinculadas a este arquitecto habrían intervenido en importantes proyectos urbanísticos en la localidad. Imputado de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionario, tráfico de influencias, prevaricación y fraude.

Antonio Serrano Soldado, testaferro de Marjaliza. Fianza de 100.000 euros. Imputado como cooperador necesario en determinados contratos públicos amañados de eficiencia energética. Delitos: blanqueo de capitales, organización criminal, malversación, cohecho y falsedad documental.

Alfredo Ovejero López, jefe de gabinete del alcalde de Valdemoro, saldrá también en libertad bajo fianza de 25.000 euros. Está considerado conocedor de los contratos amañados, "actuando en contra del interés público en la objetividad e imparcialidad de la administración y perjudicando a las arcas públicas y el interés público en una adecuada prestación de los servicios al detraer la contratación administrativa de una licitación conforme a lo exigido por el ordenamiento jurídico". Está imputado de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretos y fraude.
Eduardo de la Peña. Fianza de 50.000 euros. Administrador en varias empresas del grupo de Marjaliza utilizadas para crear facturas falsas y conseguir dinero efectivo con el que pagar cohechos. Delitos: blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública, organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, cohecho, malversación y fraude.

Quedan aún en la cárcel, pendiente de cubrir la fianza, Antonio Borrego Fortea, jefe de Gabinete del alcalde de Parla, sobre el que pesa una medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros, así como José Luis Huerta Valbuena, propietario de la empresa Waiter Music y que tiene una fianza de 300.000 euros.