La juez del Juzgado de Primera Instancia 63 de Madrid desestimó ayer la demanda interpuesta por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, contra el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, por vulneración del derecho al honor.

Los hechos se remontan al 5 de diciembre de 2007, fecha en la que Pons, durante una rueda de prensa, afirmó que De la Vega se había empadronado en Beneixida (Valencia), población por la que concurría en las pasadas elecciones generales, "en secreto" y "en silencio". También dijo que se trataba de un "empadronamiento trampa" y aludió a un enriquecimiento económico por la venta de unos terrenos de su familia. Como indemnización, Fernández de la Vega pidió un euro.

En la sentencia, conocida ayer, se absuelve a González Pons y se imponen las costas a De la Vega, aunque contra la resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Y eso es lo que precisamente hará la vicepresidenta. Ella lo "acata" y "respeta" pero recurrirá al considerar que las declaraciones son "injuriosas, insidiosas y falsas". Para la juez, sin embargo, son de interés general y no menoscaban su dignidad y fama, ya que tenían "una clara intencionalidad política".

Ayer, a la salida de la reunión del Grupo Popular en el Congreso, se podía ver a Pons bastante satisfecho por la noticia. El dirigente conservador lanzó un comunicado en donde denunció que la vicepresidenta era "incapaz de tolerar las opiniones libres de los demás".

"Cuando el PSOE mete a la Justicia a hacer campaña electoral le sale rana", señaló González Pons para quien, con esta decisión de los tribunales, está claro que la autoestima y crédito políticos de la vicepresidenta "se ven dañados".