MADRID.- Un total de 5.179 personas fueron trasladados por las autoridades españolas desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla a la Península durante el año pasado y en la mayoría de los casos, 4.450, su destino fue la red de acogida que articulan en territorio nacional diversas ONG.

Este es uno de los datos proporcionados por el Gobierno al Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa en respuesta a un informe monográfico sobre la gestión de la inmigración fruto de una visita a España en el que el organismo con sede en Estrasburgo pide cambios tanto en los Centros de Internamiento como en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Interpelado en relación a la sobreocupación constante de los CETI de las ciudades autónomas, el Gobierno detalla una tabla que refleja cómo pese a tener 480 plazas, en 2014 en el de Melilla vivieron de media más de 1.300 personas. En el de Ceuta, donde la capacidad es para 512, la ocupación media anual fue de 638.

"Atendiendo a esta situación, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social así como el Ministerio del Interior han seguido con sus esfuerzos para tratar de incrementar el número de traslados de personas atendidas en los CETI a la Península, donde están los centros de recepción que subvenciona Empleo o que dependen directamente de él y las instalaciones policiales con el marco de implementación de las medidas de expulsión del territorio español", explica el Ejecutivo.

Agrega, en este sentido, que "como resultado de estos esfuerzos", 5.179 personas fueron trasladadas en 2014 desde el CETI de Melilla y de ellas, 4.450 a centros de acogida en el marco de programas para solicitantes de asilo y refugiados o necesitados de ayuda humanitaria.

Sin protocolo claro para los beneficiarios del traslado

En la actualidad, no existe un protocolo con criterios definidos para el traslado a la Península de las personas que se encuentran en los CETI. Tanto el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España como el comisario de Derechos Humanos del mismo Consejo de Europa vienen reclamando la adopción de medidas que aporten claridad y transparencia a estas políticas.

El último en hacerlo fue el comisario, Nils Muznieks, durante una visita a las ciudades autónomas en enero al cabo de la cual reivindicó un protocolo que "establezca reglas claras para las autoridades" a la hora de elegir a los beneficiarios del traslado y que permita a los residentes "saber cuando se les trasladará", ante la constatación de que "falta información clara y transparente" sobre estas decisiones.

Por su parte, el ACNUR viene solicitando lo mismo al Ministerio del Interior, a quien remitió el año pasado un informe con una batería de recomendaciones para la gestión de migraciones en Ceuta y Melilla en la que figuraba precisamente la creación de este protocolo con "criterios claros" para determinar los traslados humanitarios desde las ciudades autónomas a la Península que diera prioridad a los solicitantes de asilo, cada vez más numerosos sobre el total de la población de los CETI.