El Gobierno dio luz verde ayer a la cuarta reforma de la Ley de Extranjería y el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de una norma que quiere pasar a ser 'una ley de inmigración'. Así lo anunció la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Y añadió que, con este texto, el Ejecutivo confía en lograr una inmigración 'legal, ordenada, integrada, con derechos y obligaciones de ciudadanos'.

El proyecto de la ley (Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social) busca castigar al que apoya e incita a la inmigración ilegal, pero no 'el acogimiento humanitario'. Asimismo, y a pesar de la polémica surgida por este punto, el texto de la norma mantiene la ampliación del plazo de internamiento a 60 días, si bien incrementa las garantías y asegura el apoyo de las ONG, que podrán acceder a los centros de acogida.

La número dos del Ejecutivo defendió ayer que este proyecto de ley, que será enviado al Congreso para su tramitación, es 'equilibrado y garantista', incorpora la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y transpone las directivas europeas. De la Vega expresó, además, el deseo del Gobierno de que 'todos los grupos políticos busquen, desde la responsabilidad, el consenso'.

La vicepresidenta explicó que su petición y su deseo de apoyo político vienen avalados porque el Ejecutivo no ha trabajado solo en el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. Se han tenido en cuenta las sensibilidades y aportaciones del Consejo Económico Social, la Conferencia Sectorial de Inmigración, la Comisión Interministerial de Extranjería o el Foro de Integración Social de los Inmigrantes, entre otros.

Entre las novedades del texto de la nueva ley, destaca en primer lugar la persecución de la inmigración ilegal, con la salvedad de la ayuda humanitaria. También, y en relación con la situación de los menores extranjeros no acompañados, se incluye la audiencia del menor en los procesos de repatriación, de manera que los mayores de 16 años podrán intervenir en dichos procesos.

Por otro lado, en la nueva ley consta que las mujeres víctimas de violencia de género y en situación administrativa irregular podrán denunciar su caso a las fuerzas de seguridad con la tranquilidad de que el proceso sancionador por esa irregularidad será suspendido hasta que se resuelva la causa penal por maltrato. Como esta se puede prolongar, se contempla la posibilidad de conceder a la mujer una autorización provisional para trabajar, en situación de estancia, e intentar que se desvincule económicamente del agresor.

En cuanto a la reagrupación familiar, la norma permite que se reagrupe por razones humanitarias a los ascendientes menores de 65 años. Asimismo, se ha modificado el texto para contemplar la reagrupación de los familiares discapacitados. Hasta ahora, se había considerado equiparable que el extranjero fuese menor de edad con que estuviese incapacitado y se les exigía una declaración judicial formalizada.

Los grupos políticos reaccionaron con tibieza. PP y CiU consideraron la ley 'insuficiente', mientras que las asociaciones de inmigrantes creen que, al mantener la ampliación a 60 días de plazo de internamiento de extranjeros, el Gobierno incurre en 'recortes de derechos'.