El Gobierno ha lanzado un dardo envenenado a los agentes sociales con una enrevesada propuesta en la mesa del Diálogo Social. Trabajo propuso por sorpresa la posibilidad de que los empresarios que despidan a trabajadores con contratos de fomento del empleo estable (los que tienen una indemnización de 33 días) no paguen una parte del coste de extinción. La propuesta sólo afectaría a los nuevos contratos de fomento del empleo que se generen y tendría una vigencia acotada en el tiempo.

En la actualidad, según explicó Alfonso Morón, coordinador del Diálogo Social, ya existe esta posibilidad para las empresas de menos de 25 trabajadores, que están libres de pagar el 40% del coste de la indemnización, del que se hace cargo el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) cuando realizan despidos colectivos o por causas objetivas. Cada año este organismo recauda alrededor de 500 millones de euros.

La propuesta está muy en el aire -los sindicatos aseguraron que el Gobierno no la había planteado hasta ahora- y falta saber si afectaría a todo el universo de empresas, independientemente de su tamaño, y de si se repetiría el esquema de que sea el Fogasa el que se haga cargo de la parte que no pone el empresario.

La paradoja de la propuesta radica precisamente en que el Fogasa se nutre al 100% de cuotas empresariales. Por lo tanto, el Gobierno aceptaría que en algunas circunstancias los empleadores pagaran menos por el despido, pero el gasto final repercutiría en la comunidad empresarial. Fuentes sindicales ponían en duda que la CEOE acepte de buen grado esta propuesta. La patronal no quiso hacer declaraciones a la salida del encuentro.

Las agencias privadas en el INEM son un punto de confrontación

Al ser un esbozo tan esquemático, no está claro tampoco si la cuota que pagan los empresarios debería elevarse para que el Fogasa tuviera en todo momento los recursos suficientes para hacer frente a estas contingencias.

Con todo, Morón aseguró que de esta forma se 'aligerarían' los costes de los contratos y que junto con la bonificación de nuevas altas es la única forma que se le 'ocurre' al Gobierno para fomentar el empleo estable. Morón considera que bajar el coste del despido para el empresario 'elimina la incertidumbre' a la hora de contratar, una filosofía muy cercana a la que defiende la patronal. Eso sí, el responsable del proceso de concertación señaló que no será posible optar 'a las dos bonificaciones', es decir, que el mismo contrato no será bonificado por el alta y la extinción.

Esta no fue la única medida que propuso el Gobierno para moderar los gastos de los empresarios a la hora de hacer frente a los despidos. El Ejecutivo ha abierto también la posibilidad de que en el contrato de fomento del empleo se iguale el coste de la extinción a 33 días, tanto si el despido es improcedente por causas disciplinarias, como si lo es por causas económicas, como sucede en el contrato de 45 días. Además, se ampliará el uso del contrato de 33 días a más colectivos.

Además, el Gobierno quiere trabajar en la adaptación del modelo austriaco, con el fin de incentivar la movilidad laboral y la formación para el empleo. El sistema austriaco permite que cada trabajador acumule la antigüedad de su vida laboral, a efectos de la indemnización por despido, con independencia de que se cambie de empresa, lo que fomenta la rotación. Los empresarios ingresan en un fondo los derechos que van acumulando los trabajadores, y son los primeros interesados en cultivar la permanencia en la empresa de los empleados. Sin embargo, la traslación de este modelo entraña muchos problemas, ya que tal y como recordó el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, Austria es un país con un mercado de trabajo muy reducido.

Los sindicatos quieren aprobar ya el plan de empleo para jóvenes

Los representantes sindicales se mostraron escépticos ante la efectividad de estas medidas. El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, apuntó que será la actividad económica y la reforma del sistema financiero los factores que crearán empleo.

Además, los sindicatos mostraron su disconformidad por las presiones del Gobierno para cerrar un acuerdo durante el mes de abril, y abogaron por estirar los plazos hasta donde lleve la dinámica de la negociación. En este sentido, tanto Ferrer como Górriz son partidarios de aprobar de forma urgente las medidas sobre las que hay consenso y posponer las reformas más teóricas para las próximas semanas.

Los interlocutores están de acuerdo en fomentar la contratación juvenil y los jóvenes de 16 a 30 años serán el objetivo prioritario de las bonificaciones, que serán superiores para los colectivos con peor empleabilidad, esto es, jóvenes sin estudios y mujeres. Además, se ha pactado una reforma del contrato de formación, elevando la edad límite hasta los 24 años (desde los 21) y planteando la exención total de cotizaciones para empresa y trabajador. Asimismo, los trabajadores que firmen este contrato podrán tener derecho al paro, y las empresas con menos de 50 trabajadores estarán eximidas del coste de la formación técnica.

Otras medidas en la que Gobierno, patronal y sindicatos se han puesto de acuerdo es en el fomento de los contratos a tiempo parcial de turno fijo, y en la reducción de la jornada a cambio de la prestación por paro. En cambio, los sindicatos rechazan la posibilidad de que las agencias de colocación privadas entren en los servicios públicos de empleo y que las ETT no tengan restricciones a la hora de actuar.

Contrato temporal
Limitaciones y plazos máximos
Para “racionalizar” el uso de los contratos temporales, el Gobierno propone impedir que se use esta modalidad para cubrir tareas propias de la actividad ordinaria de la empresa. Además, se plantea fijar plazos máximos de duración de los contratos por obra y servicio para evitar que se prolonguen “indefinidamente”; y fomentar los contratos fijos discontinuos para actividades cíclicas, “sin afectar a la actual protección por desempleo” de esta tipología contractual.

Contrato indefinido
33 días por despido para los nuevos contratos
Respecto a la contratación indefinida, el Gobierno quiere “ampliar las posibilidades de utilización del contrato de fomento” para los nuevos contratados. Esta modalidad ofrece 33 días de indemnización por año trabajado en caso de despido, en lugar de los 45 habituales y, aunque existe desde 1997, “ha ido cayendo en desuso”. Además, se propone adoptar el ‘modelo austríaco’ para “incrementar la estabilidad en el empleo y fomentar una movilidad más sana”. Este sistema consiste en un fondo creado por las empresas para cada trabajador que se abona en caso de despido; el empleado puede llevarse a su nuevo puesto de trabajo la cantidad no consumida del fondo que ha ido acumulando a lo largo de su vida laboral. Por último, con “carácter transitorio y excepcional”, se ofrece “la exención de una parte de los costes extintivos de los despidos colectivos y objetivos” ante la actual crisis económica.

Contrato parcial
Prohibición de horas extra
Para impulsar la contratación a tiempo parcial, se propone eliminar la posibilidad de trabajar horas extra (salvo si existe un “preaviso mínimo a determinar”) en esta modalidad.

Empleo juvenil
Hasta 24 años
Para fomentar el empleo juvenil (es el colectivo más castigado por el paro), se plantea ampliar a 24 años (ahora está en 21) la edad máxima los contratos de formación. Otras propuestas son el impulso a los orientadores especializados en la inserción laboral de los jóvenes, los cursos y las prácticas no laborales a cambio de una beca mensual (y de una compensación para las empresas). Siempre respetando la “paridad de sexos”.

Servicios de empleo
'Refuerzo' del Inem y más peso para las ETT
La principal propuesta es la de suprimir las “restricciones” a la actuación de las empresas de trabajo temporal (ETT). Además, se propone “mantener, al menos en los dos próximos años”, la contratación de orientadores laborales en los Servicios Públicos de Empleo (SPE); y fomentar la realización de itinerarios laborales personalizados a través de convenios con los SPE autonómicos.

Bonificaciones
Prioridad en la contratación juvenil
Dado que la actual “universalidad” del sistema de bonificaciones a la contratación indefinida “no resulta eficiente”, Trabajo propone concentrar estos incentivos en los dos colectivos más afectados por el paro: los jóvenes de 16 a 30 años con “especiales problemas de empleabilidad” y los parados de larga duración con más de 45 años. “La cuantía de la bonificación debería ser mayor cuando los contratos indefinidos se realizaran con mujeres”, señala la propuesta. Por último, se plantea mantener las actuales bonificaciones para discapacitados, víctimas de violencia de género, empresas de inserción y personas en situación de exclusión social, sectores afectados por la globalización, autónomos y mayores de 59 años.

‘Contrato alemán’
Menos jornada para evitar despidos
Para evitar la proliferación de expedientes de regulación de empleo (ERE), Trabajo propone que se dé a las empresas la opción de sustituir esos despidos masivos por expedientes de regulación temporal de empleo basados en la reducción de jornada. Es el conocido como ‘contrato alemán’, que ofrece subsidios a las compañías para que opten por reducir el tiempo de trabajo en lugar de recurrir al despido. El empleado que se acoja a esta modalidad, por su parte, cobrará su sueldo íntegro por las horas que trabaje y el 70% del paro que le corresponda por esas horas no trabajadas.