El Gobierno trabajó para parar el proceso contra los militares implicados en el caso Couso

Ministros españoles "trabajaron" para que no prosperasen las órdenes de detención internacional contra los tres soldados involucrados en el asesinato del cámara de televisión José Couso en Bagdad, según asegura el ex embajador de EEUU en Madrid Eduardo Aguirre en un telegrama confidencial.

Así lo recogen los documentos filtrados por Wikileaks a 'El País', donde se refleja el apoyo del Ejecutivo español a la embajada de EEUU en el 'caso Couso'.

Sobre este asunto, el embajador dirigió un cable a la secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, en el que aseguraba que el Gobierno español había "ayudado entre bastidores" a que la fiscalía apelara las decisiones del juez.

En julio de 2004, el encargado de negocios de la embajada le dijo al entonces secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, que si el juez acusaba formalmente a los soldados, EEUU esperaba que el Ministerio de Asuntos Exteriores expresara claramente a la Audiencia Nacional su oposición.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictó, en octubre de 2005, orden de detención internacional contra los tres militares norteamericanos.

Tras la resolución judicial, los entonces ministros de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se pusieron en contacto con el embajador para tranquilizarlo.

López Aguilar le transmitió que el Gobierno "pondría todo su empeño en cuestionar la decisión del juez basándose en argumentos técnicos", mientras que Moratinos le aseguró que "si el magistrado arreglaba las cuestiones técnicas, el Ejecutivo pasaría a apelar la resolución".

Con esta información, el embajador envió un telegrama confidencial en el que señalaba que "los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención".

La fiscalía recurrió la resolución de Pedraz y en marzo de 2006 la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó el 'caso Couso'.

Poco después, la entonces vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega se reunió con el embajador y le dijo que Conde-Pumpido le había informado de la "excelente cooperación de la que había disfrutado por parte de la embajada y las autoridades norteamericanas para ayudar a concluir el caso".

Sin embargo, la familia de Couso recurrió al Tribunal Supremo y en diciembre de 2006 éste les dio la razón y ordenó a la Audiencia Nacional que reabriera el caso.

Pedraz pidió a la embajada los datos completos de los tres imputados. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido recomendó al embajador que contestara de forma "superficial" para minar el argumento de Pedraz de que EEUU no estaba colaborando.

Conde-Pumpido se mostró convencido de que España no tiene jurisdicción sobre el caso y "anticipó" que el asunto "no iba a llegar a ninguna parte", a la vez que tranquilizó a Aguirre transmitiéndole que cualquier petición de extradición de los tres militares tendría que ser aprobada por el gobierno español.

Aguirre dijo que intuía que el gobierno de España "buscaría una vía para acabar el caso de forma silenciosa".

Cuando el 27 de abril de 2007 el magistrado acusó formalmente a los militares de un delito contra la comunidad internacional y de asesinato, la embajada empezó a plantearse presionar al Ejecutivo.

Según el telegrama enviado por el embajador Aguirre, éste refiere que "claramente el juez Pedraz tiene la intención de seguir este caso de forma agresiva. Continuaremos con nuestros contactos de alto nivel con representantes del Gobierno español para presionar con el fin de lograr la retirada de los cargos..."

El 10 de mayo el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández, aseguraba, según un cable de la embajada de EEUU, que el Gobierno de España "trabajaría con el de EEUU para asistirlo en el proceso".

Un día después, el procesamiento de los soldados estadounidense fue recurrido por la fiscalía y el 14 de mayo el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, informó de ello a la embajada de EEUU y manifestó que aunque compadecía a la familia de José Couso, había concluido tras una evaluación técnica que la muerte del cámara no fue intencionada.

Un mes después, tras una comida entre Conde-Pumpido y el embajador Aguirre, éste transmite que el fiscal general del Estado "continuaba haciendo lo que podía para que el caso fuera archivado...".

La Audiencia Nacional revocó el procesamiento de los soldados estadounidenses el 13 de mayo de 2008 lo que supuso un alivio para EEUU, pero tras la aparición de nuevas pruebas Pedraz volvió a procesar a los tres militares.

La fiscalía lo recurrió de nuevo y la Audiencia Nacional volvió a archivarlo el 14 de julio de 2009. Previamente en un cable la embajada estadounidense sugiere que Washington trate el tema con Javier Zaragoza en un viaje de éste a EEUU.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ordenó la reapertura del caso el 6 de julio de 2010 y el 30 de ese mes Pedraz ordenó la busca, captura e ingreso en prisión de los soldados, aunque la Interpol no ha inscrito las órdenes.

Pedraz podrá viajar a Irak con permiso del Consejo General del Poder Judicial para reconocer el escenario en el que murió Couso.

El País refiere finalmente que a pesar de sus innumerables intentos, la embajada no logró cerrar el caso.