El Gobierno pacta con las Comunidades el plan de austeridad

El Gobierno y las Comunidades Autónomas han aprobado hoy el plan de reducción del déficit para alcanzar el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2013, si bien las autonomías gobernadas por el PP se han abstenido a pesar de haberse mostrado de acuerdo con los objetivos de estabilidad.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que también se ha aprobado, con el voto en contra del PP, la creación de un grupo de trabajo para diseñar propuestas de reducción del gasto.

Salgado ha explicado que durante la reunión, las comunidades del PP se han manifestado "completamente de acuerdo" con la senda de reducción del déficit, por lo que "no se entiende muy bien -ha dicho- su abstención".

Por otro lado, Salgado, que ya comentó hace unas semanas que el déficit de las cuentas públicas en 2009 fue inferior al 11,4% inicialmente previsto, apuntó que el saldo negativo de las comunidades autónomas ha sido finalmente dos décimas inferior, con lo que el déficit quedó situado en el 11,2%.

El CPFF ha dado su visto bueno al Programa de Estabilidad y Crecimiento enviado ya a Bruselas y que prevé reducir el déficit al 3% del PIB en 2013 en el conjunto de las administraciones públicas (1,1% en el caso de las Comunidades Autónomas).

Además de la reducción del déficit, los objetivos del plan de austeridad acordado son la contención del gasto y la mejora de su eficiencia; el mantenimiento a medio plazo de los niveles de deuda establecidos en el Pacto de Estabilidad; y la mejora de la información y transparencia en materia de plazos de pago y de gastos pendientes de aplicación presupuestaria.

Se aplicará una política de contención de los gastos de personal

Para alcanzar esos objetivos, ha dicho Salgado, se aplicará una política de contención de los gastos de personal "a través de una senda de austeridad en el incremento de las retribuciones", de la reducción de las ofertas públicas de empleo y de una política de racionalización de los recursos humanos al servicio de la administración.

Todas estas actuaciones, ha recalcado la ministra, sólo se llevarán a cabo "a través del diálogo social".Un compromiso que, según Economía, se engarza con el contenido del plan de austeridad del Gobierno que establece una reducción de los gastos de personal de un 4% entre 2010 y 2013. Para desarrollar todos esos objetivos, las comunidades se han comprometido a elaborar, en un plazo de tres meses, planes de racionalización del gasto.

Asimismo, el Consejo ha aprobado los planes económico-financieros de reequilibrio de nueve comunidades: Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia, Asturias, Cantabria, Galicia, Extremadura y Aragón. Unos planes de reequilibrio a los que se sumarán los de Navarra y País Vasco, que se aprobarán en breve en sendas comisiones mixtas y que suponen en conjunto un ajuste de 1.975 millones de euros.

Los acuerdos de no disponibilidad del resto de las autonomías se aprobarán después de Semana Santa, según Salgado, quien ha recordado que estos ajustes se suman al esfuerzo que ya han hecho las comunidades a la hora de diseñar sus presupuestos de 2010, que se han reducido en 5.047 millones respecto a 2009. El Ministerio de Economía hará un seguimiento de los planes de reequilibrio aprobados por las comunidades, que trimestralmente deberán facilitar información sobre sus operaciones de endeudamiento.

Tras la reunión, las comunidades del PP han coincidido en la "filosofía de la austeridad" presupuestaria y el control del gasto, pero se han abstenido a la hora de votar el plan del Gobierno al considerarlo "solamente propaganda y humo".

Esta mañana, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato había instado a los gobiernos locales de los conservadores a que no aceptaran recortes en sanidad y educación. En este sentido, Mato señaló que la Ley de Economía Sostenible es "pura y dura" propaganda ya que, a su juicio, "no sirve" para salir de la crisis.

Las comunidades deberán informar sobre sus operaciones de endeudamiento

En declaraciones a los periodistas, el consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Antonio Beteta, ha dicho que las comunidades están dispuestas "a arrimar el hombro para reducir el gasto, pero no a mandar mensajes equivocados a la opinión pública".

El conseller de Economía y Hacienda de la Comunitat Valenciana, Gerardo Camps, ha considerado las medidas que ha propuesto el Gobierno "inconcretas, vagas e imprecisas" y ha afirmado, sobre el grupo de trabajo, que en el PP están "en contra de perder más el tiempo", porque "ya está todo estudiado".

Por su parte, el consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, Antoni Castells, ha considerado que el Consejo ha dado una señal de madurez y compromiso con un objetivo que es fundamental para todos como es alcanzar la reducción del déficit público.

En la misma línea se han manifestado la consejera de Economía de Castilla-La Mancha, María Luisa Araújo, para quien el método por el que se ha apostado hoy es el adecuado, y el consejero extremeño de Hacienda, Angel Franco, que ha considerado el acuerdo "altamente satisfactorio".