La reacción del Gobierno al varapalo judicial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDHA) de Estrasburgo contra la doctrina Parot ha sido la de lamentar la decisión, pero resignarse a que la Audiencia Nacional aplique y determine su alcance,  'caso por caso', según señalaron este lunes en rueda de prensa los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, e Interior, Jorge Fernández Díaz.

'El TEDH ha resuelto un recurso que afecta a una persona, pero la decisión a efectos de la aplicación práctica de la sentencia corresponde a los tribunales españoles, a la Audiencia Nacional', defiende Ruiz Gallardón, que ha asegurado que la sentencia 'no admite ulterior recurso', lamentado en dos ocasiones la decisión del TEDH:'No puede tener el mismo reproche penal aquel que ha matado a 20 personas que el que ha cometido un único asesinato', opina el ministro.

'La mayoría de los condenados por terrorismo seguirán cumpliendo sus sentencias', ha asegurado Fernández Díaz quien también ha afirmado que 'si las decisiones de la Justicia conllevan excarcelaciones el Gobierno seguirá actuando en el marco del Estado de Derecho'.

En relación al número de reclusos afectados por la doctrina Parot -que ronda los 60 prisioneros, en su mayoría etarras- que podrían verse beneficiados por esta sentencia,  ambos ministros han rechazado proporcionar cifras. 'Es un tema que no corresponde resolver al Gobierno, sino a los órganos judiciales', asegura el titular de Interior. 'No podemos predeterminar a cuantos o a quienes va a afectar, pero podemos prever que afectará a un número significativo de terroristas de ETA, condenados por su pertenencia a los GRAPO,  y a otros presos comunes que hayan cometido delitos especialmente graves',  dice el ministro.

'La deuda que la etarra tiene con el Estado se verá reducida en 31.500 euros, pero no recibirá ningún pago', dice Gallardón.El titular de Interior ha avisado que estarán vigilantes para evitar y perseguir que se produzcan actos de enaltecimiento de los terroristas excarcelados debido a la sentencia del TEDH y ha recordado que 'eventuales excarcelaciones en ningún caso van a suponer impunidad' .

Además,  ha sugerido la posibilidad de llevar un mayor control sobre los terroristas tras su puesta en libertad -algo que en nuestro país sólo se aplica a los condenados por delitos sexuales-, 'no como forma de extender la privación de libertad, si no para evitar que alguien con predisposición a cometer actos criminales vuelva a delinquir', y siempre 'dentro del marco de la legalidad vigente', aseguraba el ministro aludiendo a la reforma del Código Penal.

El titular de Justicia agregó que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo no será extensible, en ningún caso, a delitos cometidos después de 1995, que terminó con el sistema de redenciones de pena del Código Penal de 1973 y amplió el tiempo máximo de condena previsto por la ley.

En esta línea, Gallardón no dejó pasar la ocasión de relacionar los acontecimientos con la nueva pena de prisión permanente revisable que incluye el proyecto de Código Penal que el Gobierno ha enviado a las Cortes, prevista para los delitos terroristas y otros especialmente graves.

Preguntado por si el Gobierno se ha planteado declararse insumiso a la sentencia y no aplicarla, Ruiz-Gallardón ha rechazado implícitamente esta opción al contestar que España es firmante del Convenio Europeo de Derechos Humanos (de cuya vigilancia se encarga el Tribunal de Estrasburgo), y que el Tribunal Constitucional español ha establecido que las sentencias del TEDH deben tomarse en consideración siempre que afecten a penas privativas de libertad.

'El Gobierno ha trabajado para defender una doctrina justa con las víctimas y útil para combatir los crímenes' asegura Fernández Díaz.   Respecto a los 30.000 euros de indemnización que España deberá pagar a Inés del Río Prada según la sentencia, el ministro de Justicia señaló que se lo descontarán con intereses del pago que tuvo que hacer el Estado de las responsabilidades civiles (de 6 millones de euros) que ella no ha afrontado por sus delitos al ser insolvente. 'La deuda que la etarra tiene con el Estado se verá reducida en 31.500 euros, pero no recibirá ningún pago', asegura el ministro Ruiz-Gallardón.

Durante la tarde de este lunes, ambos miembros del Ejecutivo se reunirán con Ángeles Pedraza y María del Mar Blanco, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, AVT, en un encuentro en el que 'les trasladarán la posición del Gobierno en relación a esta sentencia' y'escucharán lo que éstas quieran trasladarles'.

El ministro del Interior ha recordado que este domingo 20 de octubre se cumplieron dos años desde el 'cese de la actividad armada' decretado por ETA, y ha insistido en la derrota de la banda terrorista por parte del Estado de Derecho. 'La ETA que conocimos en el País Vasco, Navarra y el resto de España ha sido derrotada y no volverá', asegura. 

'El Gobierno ha trabajado para defender una doctrina justa con las víctimas y útil para combatir los crímenes más abyectos, como el terrorismo', defiende Fernández Díaz.'La mayoría de condenados por terrorismo seguirán cumpliendo sus sentencias, y no cambiará la voluntad del Gobierno, que se siente respaldado por la mayoría de fuerzas políticas y la sociedad civil', sostiene el ministro.