El Gobierno de Pakistán ha iniciado un proceso de remodelación del Tribunal Supremo tras la jura de cuatro jueces regionales como nuevos magistrados de la máxima corte, mientras en el país continúan las protestas de los abogados contra el estado de excepción.

Los cuatro magistrados juraron hoy su cargo ante el presidente del TS, Abdul Hameed Dogar, nombrado precipitadamente el pasado sábado por el presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, pocas horas después de que éste suspendiera la Constitución.

El estado de excepción dejó sin poder al cuerpo judicial existente hasta entonces y estableció que, para que pudieran ejercer de nuevo, los magistrados debían renovar su cargo jurando ante Musharraf, a lo que la mayoría del Supremo se negó.

Sólo cinco de los jueces del alto tribunal, incluido Hameed Dogar, dieron su apoyo a Musharraf, mientras que el resto de los magistrados está desde entonces bajo arresto domiciliario.

El general decretó el estado de excepción escudándose en el aumento de la violencia extremista y la "interferencia" del poder judicial en la política del Gobierno, aunque la oposición considera que su propósito real era evitar un veredicto del Supremo que podía invalidar su reciente reelección como presidente.

El hasta el sábado jefe del Supremo, Iftikhar Chaudhry -que junto a otros ocho jueces del tribunal dictaminó que el estado de excepción era "inconstitucional"-, anunció hoy desde su domicilio que luchará para instaurar de nuevo la Constitución y el Estado de Derecho en Pakistán.

En declaraciones recogidas por Geo TV en su página web, Chaudhry dijo que el estado de excepción ha sido fruto del temor de Musharraf a un veredicto contrario a su elegibilidad como presidente.

El magistrado agregó que el movimiento del general "ha hecho jirones" la Constitución.

Ante esta situación, el régimen de Musharraf tiene intención de reducir de 18 a 12 los miembros del Supremo, informó hoy el fiscal general de Pakistán, Malik Qayyum, quien afirmó que se trata de una decisión "administrativa" sin relación con el estado de excepción.

El fiscal precisó que los nombramientos han sido decididos por el nuevo jefe del Supremo, que el Gobierno no ha intervenido en ellos y que está tratando de "convencer" a otros cuatro jueces regionales para que completen el remodelado tribunal.

Según Qayyum, el nuevo banquillo del Supremo retomará el caso de la validez de la reelección presidencial de Musharraf, algo que, según dijo ayer a Efe una fuente próxima al caso, fue la causa de la declaración del estado de excepción porque el veredicto "iba a ser adverso".

Antes de reabrir este caso, el Tribunal debe solucionar la parálisis causada por la falta de jueces y por las protestas del colectivo de los abogados, que volvieron a echarse hoy a las calles contra el estado de excepción.

Como ya sucedió este lunes, los letrados y activistas protagonizaron movilizaciones en las ciudades de Lahore, en el este, y Karachi, en el sur, con más de 110 nuevos detenidos, según fuentes policiales.

Hasta el momento, son unos 2.000 los "arrestos preventivos" realizados en Pakistán desde que el general Musharraf suspendió la Constitución de 1973 y decretó el estado de excepción, medida que, según la oposición, esconde en realidad una ley marcial en toda regla.

En medio de esta situación, la ex primera ministra Benazir Bhutto, una de las pocas líderes opositoras que no está bajo arresto domiciliario, viajó hoy a Islamabad para "mantener discusiones con los líderes de otros partidos" sobre el estado de excepción, según declaró ella misma a los periodistas en el aeropuerto de Karachi.

Aunque este lunes los medios locales habían apuntado a que su viaje estaba dirigido a reanudar los contactos con Musharraf, la líder del Partido Popular de Pakistán (PPP) negó hoy tener en su agenda una entrevista con el presidente.

La situación en Pakistán ha suscitado críticas de numerosos países, entre ellos EEUU, que ha instado a Musharraf a celebrar elecciones lo antes posible para restaurar la democracia.