El Gobierno forzará medidas del Diálogo Social sin consenso

"Medidas habrá". Así de contundente se mostró ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho sobre el resultado de la actual negociación que mantiene el Gobierno con los agentes sociales en el ámbito del Diálogo Social. Como ayer adelantó Público, el lunes se suspendió la última reunión que pretendía dar luz verde al paquete de medidas urgentes para mejora de la protección por desempleo, después de un encontronazo con la patronal, que intentó introducir en el último momento iniciativas fuera del documento original.

Pese a este contratiempo, el Gobierno asegura que las medidas verán la luz "esta semana o la siguiente". "Todos estamos haciendo esfuerzos pero las negociaciones no pueden ser eternas", apuntó Corbacho. "Al final, hay que decidir", subrayó y citó como irrenunciables tres campos en los que adoptar medidas: las garantías en protección para los desempleados, los incentivos a la generación de empleo y que las empresas reduzcan su carga en las cuotas sociales y mejoren la disponibilidad del crédito y liquidez.

Así, Corbacho renunció a lo que en el verano, cuando entre apretones de manos se firmó la agenda del Diálogo Social en la Moncloa, parecía irrenunciable: el consenso total. Ahora dice que "no se trata de que todo el mundo en una mesa esté de acuerdo al 100%".

Entre las medidas "imprescindibles", según Corbacho, se encuentra la mejora de la protección por desempleo para los trabajadores que estén sometidos a un ERE temporal. Los sindicatos reclaman que si estos trabajadores son despedidos de forma definitiva se ponga el contador a cero, es decir, que no se les cuenten los días de paro consumidos durante la suspensión de empleo. Está por decidir el límite de días de paro que se pueden recuperar, pero todo apunta a que serán 120 días, que es el periodo que se ha contemplado en el plan del motor.

Además, las empresas, que durante estos ERE temporales están obligadas a pagar las cotizaciones de los trabajadores, podrían recuperar las cargas sociales si readmiten a sus trabajadores con un compromiso de empleo de al menos un año. En la medida original se recogía una bonificación del 50% de la cuota, pero las demandas de la patronal podían llevar a que ésta sea superior.

También los empresarios disfrutarán de bonificaciones por contratar a desempleados gracias a la utilización de su prestación por desempleo como financiación de las cuotas sociales. La medida, que en principio no era del agrado de los sindicatos, se ha matizado hasta que estos han dado el visto bueno. Queda pendiente que el Gobierno regule los límites de esta bonificación, ya que en algunos casos la cuantía sería superior a cualquiera de las que existen actualmente en el sistema de de la Seguridad Social (discapacitados, mayores de 45 añosy mujeres).

La patronal no considera suficientes estas propuestas y el viernes por la tarde envió un documento en el que incorporaba nuevas medidas, como el uso de agencias de recolocación privadas (ETT), y pedía abordar la cuestión de la flexibilidad en el mercado laboral.

Corbacho reconoce que "hay otro debate abierto", pero que en ningún caso "se va a resolver esta semana, debe tener más recorrido". Por eso, apremia a realizar "las matizaciones necesarias" sin aspirar a "grandes unanimidades" sino un "consenso razonable" que lleve a aprobar el paquete sin estas adiciones posteriores.

El domingo hay elecciones en Galicia y el País Vasco y el próximo martes salen los datos del paro de febrero, circunstancias que pueden urgir al Ejecutivo a aprobar las medidas en el Consejo de Ministros del viernes. La patronal prefiere esperar a una reunión que mantendrán los líderes sindicales y el presidente de la CEOE el viernes para hablar de salarios y aprovechar para fijar nuevas posiciones.