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El Gobierno estudia excluir de cotización a los becarios con prácticas obligatorias

Los ministerios de Educación y Seguridad Social recogen la advertencia de la universidades, que aseguran de que las empresas ven la cotización de los becarios como una barrera para su contratación

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Los ministerios de Educación, Cultura y Deporte y Empleo y Seguridad Social quieren ahora excluir de la cotización de la Seguridad Social a los universitarios que realizan prácticas "curriculares" en empresas, es decir, las obligatorias que se convalidan por créditos académicos, según el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.

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El documento, que actualmente se encuentra en fase de consulta, divide estas prácticas en "curriculares" -las actividades académicas integrantes o vinculadas en el plan de estudios de que se trate y que son reconocidas en un máximo de 60 créditos- y las "extracurriculares"-las que se realizan de carácter voluntario durante el periodo de formación, y que no forman parte del plan de estudios-. Estas últimas son las que van a seguir siendo objeto de cotización.

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Las universidades advierten de que las empresas ven la cotización del becario como una barrera para su contratación Según han explicado fuentes del departamento de Educación, la decisión de eximir a las empresas el pago de la Seguridad Social de los alumnos que tienen que realizar prácticas obligatorias responde a las advertencias de las universidades, que consideran que la cotización de estos becarios está suponiendo un problema de gestión para las empresas, y, por tanto, una barrera para su contratación.

En la exposición de motivos del proyecto de real decreto, el Gobierno indica la necesidad de detallar determinados aspectos relacionados con programas de formación que dan lugar a la asimilación de trabajadores por cuenta ajena y la correspondiente inclusión en el Régimen de Seguridad Social que establece un decreto anterior, aprobado hace dos años (RD1493/2011 del 24 de octubre).

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El documento se encuentra en periodo de consulta pública y será enviado al Consejo de Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros. La Conferencia General de Política Universitaria -integrada por las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación-, el Consejo de Universidades -rectores y ministerio- y el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado ya han sido informados favorablemente.

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