El Gobierno ha anunciado este viernes que 'reforzará' las medidas y sanciones contra aquellos desempleados que rechacen las ofertas de empleo y contra aquellos 'falsos' parados que están cobrando prestaciones indebidamente. La vicepresidenta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha adelantado que el Ministerio de Empleo presentará en 2014 una nueva ley de infracciones y sanciones en el orden social (ley Lisos) para vigilar las actuaciones de los desempleados y endurecer las sanciones.

Soraya Sáenz de Santamaría explicó que, actualmente, un desempleado que rechace una oferta de trabajo comete una 'infracción grave'; si lo hace por segunda vez, se le suspende la prestación durante tres meses, y si insiste en no aceptar la oferta una tercera vez, se le anula el cobro de la prestación.

La norma Lisos, además y según la portavoz del Ejecutivo, vendrá acompañada de una nueva ley que regule la inspección de trabajo y de la Seguridad Social, en la que ya trabaja el departamento de Fátima Báñez. La vicepresidenta ha informado de estas decisiones del Gobierno tras conocerse el resultado de la aplicación de las medidas contra el fraude fiscal y laboral, que ha arrojado un dato de 520.572 falsos parados que cobraban sus prestaciones al tiempo que recibían 'en B' el dinero por realizar sus trabajos, según Sáenz de Santamaría. Descubrir este fraude ha supuesto un ahorro de 3.161 millones.

El Gobierno ha presentado hoy también el informe sobre el resultado de sus medidas de lucha contra el fraude fiscal y laboral en año y medio (enero de 2012 a junio de 2013), las cuales, según la vicepresidenta, han tenido un impacto en las cuentas públicas de más de 22.500 millones de euros. De éstos, 16.500 millones corresponden al fraude fiscal y 6.152, a las irregularidades cometidas en materia de empleo y contra la Seguridad Social. El Ejecutivo, según señaló su número dos, se ha mostrado particularmente satisfecho, además, con la recaudación obtenida por el llamado ensanchamiento de las bases imponibles por la regularización fiscal, la polémica amnistía fiscal. El dinero aflorado con esta medida del Ejecutivo asciende a 40.000 millones de euros.

Mariano Rajoy dio luz verde a la amnistía fiscal en marzo de 2012 con la pretensión de recaudar 25.000 millones defraudados a Hacienda y de los que el Estado recibiría un 10%. El presidente del Gobierno volvía a contradecirse a sí mismo con esta decisión, que había tachado de 'ocurrencia' en 2010 cuando el PSOE gobernante entonces se planteó hacerla, aunque nunca la llevó a cabo. Además, la amnistía fiscal o 'declaración tributaria extraordinaria', en palabras de la vicepresidenta, y el control de los bienes en el extranjero han servido para identificar bienes y valores por importe de 87.700 millones declarados por 131.411 personas.

La portavoz del Ejecutivo ha informado también de las 700 operaciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han ejecutado contra el fraude fiscal y que se han salado con la imputación de 3.000 personas.