El Ejecutivo trabaja mano a mano con el Gobierno francés con el objetivo de resolver el secuestro de los tres cooperantes catalanes secuestrados en Mauritania por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), grupo que también tiene en su poder al francés Pierre Camatte.

Fuentes del Gobierno han destacado la importancia de esta colaboración después de que Al Qaeda confirmara que los cuatro cooperantes están en su poder.

Camatte, de 61 años, fue secuestrado el pasado 25 de noviembre en la localidad de Menaka, al norte de Mali, cuatro días antes de que Albert Vilalta, Roque Pascual y Alicia Gámez fueran capturados en Mauritania.

En ambos casos, los primeros indicios llevaron a los investigadores a pensar en la autoría de Al Qaeda en el Magreb Islámico y el grupo se responsabilizó de los dos secuestros el 8 de diciembre, a través de una grabación reproducida por la cadena de televisión qatarí Al Yazira.

Tras este mensaje, en el que la organización avanzaba que enviaría sendas cartas a los gobiernos de España y Francia con las condiciones para liberar a los rehenes, diversos foros de grupos islamistas en Internet difundieron otro comunicado en el que se aseguraba que los cuatro estaban bien de salud.

La nota, fechada el 7 de diciembre, no desvela las reivindicaciones, pero vinculaba la seguridad de los secuestrados a la de los captores y la de "los hermanos musulmanes".

El Gobierno guarda silencio sobre las gestiones en marcha y se limita a pedir prudencia y discreción cuando se interpelado por los pasos que se han dado hasta el momento para avanzar hacia la liberación.

Tras el último Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, no quiso ofrecer ningún dato nuevo sobre el secuestro "por un principio de responsabilidad y eficacia".

El Ministerio de Asuntos Exteriores, encargado desde un primer momento de canalizar la información, emite a diario un comunicado en el que se limita a señalar que se ha reunido el comité técnico creado para hacer el seguimiento del caso y que las familias permanecen informadas.

Con esta estrategia el Gobierno quiere evitar el acoso mediático que sufrió en la última etapa del secuestro del atunero vasco "Alakrana", cuando las familias reprocharon públicamente al Ejecutivo la falta de atención e información y varios ministerios actuaban como portavoces de forma simultánea.