El Gobierno aumentará los presupuestos destinados al programa de Ayuda al Retorno con el fin de atender aquellas peticiones de vuelta a su país de origen que pudieran producirse en este ejercicio, ha anunciado hoy el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

"No habrá problemas" para incrementar esas ayudas, ha dicho Corbacho, que ha acordado con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, hacer una previsión el próximo mes sobre cuánto debería aumentar esa cantidad económica, ya que el Gobierno "es consciente de que el Programa de Retorno puede necesitar más recursos".

Otra decisión tomada por Fernández de la Vega y Corbacho es el "no paralizar" el visto bueno de las peticiones de retorno, que afecta a personas provenientes de 19 países, y seguir "informando positivamente" de las peticiones que se realicen.

Según la Organización Internacional de Migración (OIM) hay 4.000 personas en lista de espera y el número de peticiones "es creciente", ha comentado el ministro. Para ellas la partida presupuestada en un principio "podría ser insuficiente", ha insistido.

Mientras que el Decreto de Retorno Voluntario permite volver a sus países a los trabajadores emigrantes tras recibir las prestaciones por desempleo a las que tengan derecho, el Fondo Social de Ayuda al Retorno sólo se puede aplicar a emigrantes con necesidad de ayuda humanitaria y las ayudas son tramitadas a través de ONGs y la OIM.

En España, el programa de la OIM tiene el respaldo del Ministerio de Trabajo e Inmigración y del Ministerio del Interior y va dirigido a los inmigrantes que quieren regresar a su país natal pero carecen de los medios necesarios.

El programa especifica que los únicos requisitos exigidos a los inmigrantes son encontrarse en una situación de carencia y vulnerabilidad social y haber permanecido en España durante un periodo mínimo de seis meses.

Incluye, además de los billetes de avión, la provisión de una ayuda de viaje de 50 euros por cada miembro de la familia, y una ayuda adicional para la reintegración en su país que puede ascender a 400 euros por adulto y 150 euros por menor.

El compromiso de los inmigrantes que se acogen a este programa es el de no regresar a España de manera irregular.