El Gobierno aprueba la ley de cajas

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley de reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA).  La reforma "fortalecerá nuestro sólido sistema financiero", según ha manifestado la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega informó que el Ejecutivo espera aprobar esta norma "con el máximo consenso", tanto con los partidos como con las comunidades autónomas.

La reforma, que permite que las cajas puedan emitir cuotas participativas, valores similares a las acciones, con derechos políticos que no podrán superar el 50% del patrimonio de las cajas, "dinamizará el sector y lo preservará", dijo la vicepresidenta.

Además, en el texto se establecen nuevos modelos de actividad de las cajas que podrán mantener su condición como hasta ahora, con el nuevo régimen de cuotas participativas y adaptando sus estatutos a la modificación de gobierno corporativo, en tanto que también podrán ceder todo su negocio financiero a un banco manteniendo su condición de caja, mientras que la obra social y la cartera industrial permanecen en la caja. Las cajas también tendrán la posibilidad de transformarse en fundación cediendo todo su negocio a un banco en el que participen.

Por otro lado, las cajas que se integren bajo un Sistema Institucional de Protección (SIP), conocido como "fusiones frías" tendrán una entidad central con naturaleza de sociedad anónima, que será un banco, y que estará participada al menos en un 50% de las cajas. Si ese límite se incumple, las cajas del SIP deberán transformarse en fundaciones con cesión de su actividad financiera a la unidad central del SIP.

Para tomar cualquier decisión en el cambio de modelo, Salgado indicó que tendrá que contar con el visto bueno de dos tercios de consejo de administración de la entidad. Sobre la profesionalización del sector, la norma establece que se limitará la presencia de cargos electos en las cajas y se impedirá su participación en los órganos de representantes de la administración ejecutiva. Además, el 50% de los miembros del consejo de administración tendrán que tener cualificación y experiencia.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) dijo la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, ha destinado 11.200 millones de euros a la reestructuración, a lo que hay que añadir la aportación que se haga en el caso de la intervenida CajaSur y 1.300 millones del Fondo de Garantía de Depósitos y 2.500 millones en garantías para el rescate de Caja Castilla La Mancha (CCM). 

El coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, ya avanzó que su formación dará un "apoyo claro" a la reforma de la Ley de cajas, aunque lamentó que "llega tarde" y no se incluye en un plan "coherente" de reformas económicas que hubiera evitado las "improvisaciones" y ahorrado mucho "sufrimiento" a los españoles por la restricción del crédito. A pesar del apoyo, otros dirigentes conservadores no han tardado en poner pegas a la nueva norma. La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, acusó al Ejecutivo central de actuar de "una forma cobarde", al aprobar la reforma "sin consenso y sin las garantías que da un proceso parlamentario".

Por su parte, el presidente del PNV de Vizcaya, Andoni Ortuzar, considera que el problema de las cajas de ahorro no ha estado en el marco legal que las regula, sino en los modelos de gestión que se ha aplicado en algunas de estas entidades. En declaraciones a los periodistas en Bilbao, Ortuzar ha recalcado que algunas cajas, como las tres vascas, han sido gestionadas "con éxito" dentro del actual marco, mientras que otras entidades están en situaciones "más comprometidas". En su opinión, con la actual legislación las tres cajas vascas "han funcionado bien" y están entre las entidades financieras españolas con mejores ratios de solvencia, por lo que examinarán "con lupa" los cambios.

Sin embargo, las críticas más duras a la norma han venido por parte de Izquierda Unida, cuyo portavoz en el Congreso ha tachado de "escándalo inaceptable" , al considerar que el Ejecutivo "privatiza" la economía mixta contemplada en la Constitución. UGT también rechazó el Real Decreto Ley ya que entiende que supondrá "la bancarización de las cajas " y que "romperá el modelo social" que determinaba la actividad de este tipo de entidades, como son el fomento del ahorro, la atención a familias y pymes o su naturaleza social.