Podían haberlo hecho hace una semana o, tal vez, dentro de dos o tres. Pero lo han hecho hoy, cuando finaliza una semana negra, especialmente, para el partido que sustenta el Gobierno. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes al Estatuto que regulará el Consejo de la Transparencia y la publicación de 282 nuevas plazas judiciales. Ambas forman parte de su paquete estrella contra la corrupción y ambas estaban previstas para el mes de noviembre, pero el Ejecutivo ha aprovechado el escándalo de la operación Púnica para decidirse a impulsarlas ya.

El propio presidente reconoció ayer que se trata de medidas que estaban 'previstas', pero vendió que era necesatio 'aprobarlas ya' para demostrar que 'en España, quien la hace, la paga' porque 'no hay impunidad' contra la corrupción.

Dicho y hecho. El Estatuto que regulará la creación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno establece que estará constituido, antes del 10 de diciembre, por un presidente que será sugerido por el Ministerio de Hacienda y aprobado por mayoría absoluta en el Congreso, así como por un senador, un diputado y un miembro del Defensor del Pueblo, entre otros. Su objetivo será velar por la garantía de que se cumplen las normas de la Ley de Transparencia, que entra en vigor en diciembre. De ahí que esta medida ya estuviera prevista para noviembre como tarde.

Asimismo, el Ejecutivo pretende reforzar los juzgados con el fin de 'fortalecer el Estado de Derecho' y 'agilizar el funcionamiento de la Justicia', explicó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa. Para ello, se han creado 112 plazas de magistrados, 167 de jueces de adscripción territorial y otras 2 de magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En total, 282 plazas que serán efectivas a partir del 1 de enero de 2015 y que aumentarán el número de miembros de la judicatura española a 5.361.

Con todo, Sáenz de Santamaría insistió en que, haya pacto o no con el PSOE y el resto de grupos parlamentarios sobre regeneración democrática, el Gobierno seguirá adelante en solitario con sus propuestas. De paso, defendió la no comparecencia de Rajoy en el Congreso para dar explicaciones por la corrupción que impera en el PP. '¿Qué va a explicar el presidente del Gobierno, la corrupción que afecta al partido que lo sustenta o a todos los demás?', esgrimió. '¿No será más oportuno que dentro de los partidos se tomen las decisiones que cada uno considere oportunas y al Gobierno nos dejen seguir adelante para poner en vigor estas leyes?, prosiguió.

Y con el mismo argumento eludió responder sobre si Esperanza Aguirre debería asumir responsabilidades políticas por la imputación, especialmente, de quien fuera su mano derecha, Francisco Granados. 'No voy a hablar de la responsabilidad política ni de unos ni de otros porque la corrupción, aunque afecta a todos los partidos, no es de los partidos, es de las personas', zanjó Sáenz de Santamaría.