La Generalitat Valenciana investiga denuncias a funcionarios de Puertos colocados por el PP por favorecer a adjudicatarios del franquismo

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio del Gobierno valenciano, que tiene atribuidas desde 1985 las competencias en materia de Puertos Aeropuertos y Costas, investiga desde agosto pasado un importante número de denuncias graves que apuntan directamente a la gestión de altos funcionarios de Puertos.

Las denuncias realizadas por los empresarios náuticos adscritos a Costa Blanca Marine, con actividades en los puertos de Benidorm, Denia, Calpe y Jávea-Xàbia, entre otros, apuntan también a José Cervera y Carlos Serrano, los viejos adjudicatarios que desde hace décadas han consolidado una posición de dominio en concesiones y adjudicaciones administrativas que tienen por ley vigencia limitada, señalan los asesores legales de Costa Blanca Marine.

Trato preferente en espacio público

Un hecho que destacan los asesores legales de los asociados son las dificultades para proponer nuevas opciones de negocio u optar a un concurso de plicas sobre servicios que se prestan. “En Benidorm, por ejemplo, es imposible que nadie pueda optar a realizar transporte de pasajeros en barco aun proponiendo una mayor inversión o mejorar la subasta. La oferta de rutas marítimas turísticas que concede la Generalitat Valenciana no sale a concurso nunca. Las dos existentes se la adjudican sistemáticamente a José Cervera y sus empresas, que como todo el mundo sabe lleva aquí enchufado desde 1962. Y ahí sigue. Solo paga por sus barcos 1.900 euros al año -una cantidad ridícula- y tiene la exclusiva para el transporte de viajeros a la Isla de Benidorm, Tabarca y dónde quiera ir, porque todo se le concede. Para eso sirve ser amigo del poder de antes y del de ahora. Hay empresas que podrían multiplicar por cien lo que actualmente paga al año Cervera por la concesión, dinero que iría directamente a unas arcas públicas muy necesitadas, en lugar de como ahora que todo va a su bolsillo además de lo que ingresa de actividades hosteleras presuntamente ilegales en la Isla de Benidorm”, aseguran los asesores legales de los empresarios.

Represalias

Según denuncian los asesores legales de los empresarios, “a cada denuncia le sigue una represalia de los funcionarios de Puertos y sus adjudicatarios amigos. Los primeros en forma de traba, propuesta de sanción o denegación de alguna petición en trámite. Los segundos mediante presunto acoso, amenazas y coacciones que, puntualmente, son denunciadas ante las instancias correspondiente”.