La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio del Gobierno valenciano, que tiene atribuidas desde 1985 las competencias en materia de Puertos Aeropuertos y Costas, investiga desde agosto pasado un importante número de denuncias graves que apuntan directamente a la gestión de altos funcionarios de Puertos.

Los hechos denunciados -recogidos por Público desde julio pasado- apuntan directamente al jefe del Servicio de Explotación y Conservación de Puertos de la Generalitat Julio Mariano Marín Sánchez; al perito Agustín Lloret Soler, funcionario autonómico, responsable de Puertos del área centro de Alicante (Benidorm, Vila-Joisa, Altea y Calpe) y al celador del puerto de Benidorm Fernando Piris Reynau, así como a otros funcionarios de los puertos de Denia y Calpe. Todos estos funcionarios autonómicos ocupan sus puestos al menos desde 1995, tras llegar al poder el Partido Popular de Eduardo Zaplana, después de 13 años de gobierno del socialista Joan Lerma, actualmente senador.

Las denuncias realizadas por los empresarios náuticos adscritos a Costa Blanca Marine, con actividades en los puertos de Benidorm, Denia, Calpe y Jávea-Xàbia, entre otros, apuntan también a José Cervera y Carlos Serrano, los viejos adjudicatarios que desde hace décadas han consolidado una posición de dominio en concesiones y adjudicaciones administrativas que tienen por ley vigencia limitada, señalan los asesores legales de Costa Blanca Marine.

Las primeras denuncias, presentadas ante la Guardia Civil y la Generalitat Valenciana la primavera pasada, hacen mención expresa al delito ecológico. “Benidorm y sus aguas forman parte del Parque Natural de Serra Gelada, y eso obliga a cumplir una legislación muy estricta con el fin de garantizar el medio ambiente. Los pequeños empresarios que forman parte de Costa Blanca Marine tienen una especial sensibilidad con el medio marino. El entorno de la Isla de Benidorm es -señalan los asesores legales de los empresarios- un paraíso a proteger. Pero sin respetar el entorno todo se puede perder y muy rápido. Los vertidos de bloques de hormigón sobre la posidonia son ilegales, porque destruyen el ecosistema marino, se deben controlar las embarcaciones a motor y limitar su velocidad porque hay especies como tortugas, delfines y otras que a mayor velocidad pueden resultar heridos o muertos si se cruzan en el camino de una embarcación”.

Parece que, a los viejos adjudicatarios del puerto, que llevan trabajando desde mediados de los años 60 del siglo pasado, no demuestran mucha sensibilidad con el medio marino, “sólo les preocupa que sea verano, y haga sol y que vengan muchos turistas”.

“Pero también son responsables -aseguran los asesores legales de los empresarios denunciantes- aquellos que tienen la potestad de impedirlo y miran para otro lado. Y desde luego sabemos que nuestras denuncias no les han sentado nada bien y no han dudado en hacer valer años de amiguismo e impunidad para intentar defenderse. Sólo les interesa el negocio. Y si para ello hay que tirar bloques de hormigón para traer motos acuáticas y amarrarlas frente a la playa para que estén bien visibles y atraigan clientela, pues se tira… lo que haga falta… todo por la pasta”, afirman los asesores legales de Costa Blanca Marine.

Tras las inspecciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y el Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil la tensión se disparó ante la posibilidad de sanciones o de suspensión de las actividades. Como cabía esperar las reacciones a las primeras denuncias medioambientales desembocaron en la interposición de nuevas denuncias penales y civiles.

Trato preferente en espacio público

Un hecho que destacan los asesores legales de los asociados son las dificultades para proponer nuevas opciones de negocio u optar a un concurso de plicas sobre servicios que se prestan. “En Benidorm, por ejemplo, es imposible que nadie pueda optar a realizar transporte de pasajeros en barco aun proponiendo una mayor inversión o mejorar la subasta. La oferta de rutas marítimas turísticas que concede la Generalitat Valenciana no sale a concurso nunca. Las dos existentes se la adjudican sistemáticamente a José Cervera y sus empresas, que como todo el mundo sabe lleva aquí enchufado desde 1962. Y ahí sigue. Solo paga por sus barcos 1.900 euros al año -una cantidad ridícula- y tiene la exclusiva para el transporte de viajeros a la Isla de Benidorm, Tabarca y dónde quiera ir, porque todo se le concede. Para eso sirve ser amigo del poder de antes y del de ahora. Hay empresas que podrían multiplicar por cien lo que actualmente paga al año Cervera por la concesión, dinero que iría directamente a unas arcas públicas muy necesitadas, en lugar de como ahora que todo va a su bolsillo además de lo que ingresa de actividades hosteleras presuntamente ilegales en la Isla de Benidorm”, aseguran los asesores legales de los empresarios.

Precisamente la decisión de sacar a subasta esos servicios corresponde de los responsables de puertos de la Generalitat, esto es, a los mismos funcionarios de Puertos denunciados. Estas subastas se hacen para otras actividades periódicamente.
En este sentido desde Costa Blanca Marine señalan que tales circunstancias se dan en otros puertos como Denia. “Allí la familia Matutes controla todo el puerto y su actividad a través de su grupo de empresas Balearia. Tanto es así -aseguran los asesores legales de la asociación empresarial- que incluso les permiten realizar actividades turísticas con barcos que no cobran a sus clientes, y todo ello con el consentimiento y autorización por escrito del jefe de puertos de la Generalitat Valencia Julio Marín, causando un grave perjuicio en la actividad económica de las pequeñas empresas”.

Represalias

Según denuncian los asesores legales de los empresarios, “a cada denuncia le sigue una represalia de los funcionarios de Puertos y sus adjudicatarios amigos. Los primeros en forma de traba, propuesta de sanción o denegación de alguna petición en trámite. Los segundos mediante presunto acoso, amenazas y coacciones que, puntualmente, son denunciadas ante las instancias correspondiente”.

La apertura del expediente informativo reservado conllevó la paralización por primera vez de una orden dictada por el funcionario Agustín Lloret. En ella se instaba al Club Náutico de Benidorm que procediera de inmediato a expulsar de sus amarres todas las embarcaciones de los asociados a Costa Blanca Marine, por pertenecer a la lista 6ª a pesar de estar al corriente de todas sus obligaciones fiscales y administrativas, principalmente embarcaciones de actividades subacuáticas, rescate marítimo y alquiler de recreo. En esta ocasión los responsables de Puertos de la Generalitat Valenciana, alertados por la asociación empresarial, decidieron desautorizar al funcionario y ordenaron la paralización inmediata de la orden dada.

Tras esta decisión de la Conselleria de Vivienda, Obras Publicas y vertebración del Territorio se inició un nuevo capítulo de tensiones. “Esta vez el puerto se convirtió en ciudad sin ley. Los ‘funcionarios desconectaron’ y los presuntos sabotajes, amenazas y bloqueos a las actividades se recrudecieron. Ya no atendían las llamadas, ni tan siquiera para decir que no era asunto suyo. Esta vez nadie contestaba al teléfono, ni a los correos electrónicos. Les bloquearon a algunos asociados durante más de quince días los atraques donde estaban obligados a embarcar y desembarcar a los clientes, atraques adjudicados por la Generalitat Valenciana y vigentes. José Cervera y Carlos Serrano, que llevan en el puerto desde hace 50 años, colocaron sus barcos de trabajo y privados para impedir trabajar a algunos asociados. La Policía Local de Benidorm fue testigo del desafío, pero decía que el conflicto no era asunto suyo; la Guardia Civil no venía cuando se la llamaba y finalmente tuvo que intervenir la Policía Nacional que, en una ocasión, lograron que quitaran los barcos. En cuanto el vehículo policial se marchó volvieron a tomar el control del puerto. Todo esto está grabado y documentado por detectives y testigos, y cursadas las correspondientes denuncias. Esto parece un puerto en manos de un clan mafioso siciliano”, aseguran los asesores legales.

Público se puso en contacto con la jefa del gabinete de comunicación de la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas para consultarle este extremo que denuncian los empresarios. En concreto si los funcionarios adscritos al Puerto de Benidorm habían sido apartados o suspendidos cautelarmente tras el expediente abierto y que quizá por ello no pudieron dar respuestas al conflicto. La respuesta fue negativa. Las dos semanas largas en las que las embarcaciones de las empresas de José Cervera y Carlos Serrano bloquearon los amarres de Costa Blanca Marine los funcionarios estaban trabajando y en activo.