La consellería de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de catalunya ha aprobado este lunes la convocatoria de la constitución de la mesa de contratación para que estudie la mejor vía para dar cumplimiento inmediato a la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) sobre el concurso que adjudicó la gestión de  la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a un consorcio formado por Acciona y el fondo brasileño BTG Pactual. Dicha mesa se encargará de valoras las vías para ejecutar la resolución de la OARCC después de que el Tribunal Supremo (TS) rechazase las medidas cautelares pedidas por la Generalitat.

En enero de 2013, la OARCC resolvió excluir a esta agrupación de empresas liderada por Acciona del procedimiento de licitación de la gestión de ATLL por considerar que Acciona no respetaba el calendario de obras propuesto en el pliego de condiciones. Tanto Acciona como la Generalitat solicitaron la adopción de medidas cautelares para no ejecutar esta resolución, aunque tanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como, posteriormente, el TS rechazaron la petición pese a que el tribunal catalán todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión.

Para la Generalitat,  ahora será responsabilidad de la mesa 'interpretar la sentencia y analizar como se puede dar cumplimiento de forma rápida, siempre atendiendo al interés general', y ha añadido que el objetivo del Govern es dar cumplimiento a las leyes.

ATLL es la empresa que presta el servicio de abastecimiento de agua 'en alta' (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana, y la privatización de esta empresa, por valor de 1.000 millones de euros, es la mayor de la historia de la Generalitat. Acciona ya ha advertido en alguna ocasión de que si se anulase la adjudicación de ATLL exigiría en primer lugar que se devolvieran los 298,65 millones que abonó a finales de 2012 como primer pago del canon concesional y además que reclamaría una reparación por los daños y perjuicios causados. El conflicto se presentá así como una amenaza para las finanzas públicas de la Generalitat y también para su déficit, ya que la Generalitat se apuntó contablemente en 2012 los 1.000 millones que tenía previsto ingresar a lo largo de 50 años por esta privatización con el fin de reducir el déficit de aquel año.

Los partidos catalanes ya han realizado sus primeras críticas al Govern. El secretario general de ICV, Josep Vendrell, ha cargado contra el proceso de adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) que ha sido revocado por la justicia, algo que según los ecosocialistas da una pésima imagen de la Generalitat y por el que pedirán 'responsabilidades políticas al máximo nivel y penales si fuera el caso'. ICV piden aprovechar la decisión judicial que revoca la adjudicación para replantearse su privatización y para que la gestión del agua vuelva a ser pública desde la Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 

Por su parte, el  líder de C's, Albert Rivera, ha exigido 'responsabilidades políticas' a la Generalitat por la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) al constatar que la marcha atrás en la operación de concesión conllevará que los catalanes tengan que pagar la factura de ello por la indemnización y los intereses generados. 'Le preguntamos a Mas quien dimitirá por esta cuestión. Los catalanes no queremos pagar más las chapuzas del Govern', ha recalcado