El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró el jueves competente para investigar las desapariciones registradas durante la Guerra Civil y el régimen franquista, en un auto en el que además autoriza 19 exhumaciones, entre ellas la tumba en la que supuestamente está enterrado Federico García Lorca.

"Dispongo aceptar la competencia para la tramitación de la presente causa (...) por los presuntos delitos permanentes de detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la Humanidad", dijo el auto dictado por el juez.

De esta forma, el magistrado opta por continuar con el procedimiento penal tras las denuncias presentadas desde diciembre de 2006 por varias asociaciones y particulares.

Garzón lleva semanas reuniendo documentos e informes oficiales al respecto, tras la providencia que dictó a finales de agosto en la que pedía a distintos organismos públicos e incluso a la Iglesia que le remitieran toda la información que tuvieran sobre los desaparecidos en España a partir del 17 de julio de 1936.

En este tiempo, ha recibido los nombres de más de 140.000 personas desaparecidas durante la guerra de 1936 a 1939 y los primeros años del franquismo.

La investigación podría unificar los datos sobre represaliados y recopilar información sobre las fosas comunes desperdigadas por el país, ya que no existe un registro oficial de desaparecidos del franquismo.

La fiscalía de la Audiencia ya mostró en su día su oposición a esta investigación y pidió el archivo de las denuncias presentadas, al considerar que habían prescrito unos delitos a los que en cualquier caso había que aplicar la ley de Amnistía de 1977.

Miembros de las asociaciones de recuperación de la memoria histórica consideraban incoherente que la Audiencia Nacional se declare competente para investigar atrocidades cometidas en dictaduras latinoamericanas y mire hacia otro lado en lo que se refiere a los crímenes cometidos en España.