Galicia y Andalucía, CCAA con más banderas negras por degradar su litoral

Galicia y Andalucía son las comunidades autónomas con más banderas negras por la degradación ambiental de sus costas, aunque todas las autonomías han registrado un incremento considerable de estas distinciones respecto al año pasado.

Ecologistas en Acción ha presentado hoy su informe de "Banderas Negras 2009. La crisis, una oportunidad para la costa", que otorga 311 banderas negras a zonas con degradación ambiental alta y con graves amenazas sobre sus ecosistemas, así como 392 puntos negros a lugares con pequeños o puntuales impactos que agravan la situación.

El informe incide este año en la importancia de asumir la actual crisis económica y ambiental para establecer un nuevo marco de relación con las costas.

A pesar de que el sector urbanístico, "principal motor de desnaturalización de la costa", ha sufrido una desaceleración por la crisis, las numerosas banderas negras concedidas demuestran que los proyectos están muy por encima de la capacidad de carga del litoral.

Por comunidades autónomas, Galicia encabeza el ránking con 55 banderas negras y 102 puntos negros; seguida de Andalucía (51 y 63), Comunidad Valenciana (34 y 40) y Murcia (32 y 36).

Canarias, con 29 banderas y 32 puntos negros ocupa el quinto lugar, por delante de Cantabria (27 y 6), Baleares (24 y 47), Cataluña (23 y 20), Asturias (21 y 13), País Vasco (7 y 7), Ceuta (6 y 4) y Melilla (2 y 4).

El responsable de Costas de Ecologistas en Acción, Jorge Saez, ha mencionado a Galicia como la comunidad que más ha empeorado su situación respecto al año pasado y ha advertido de que su previsión de futuro es "bastante mala".

El informe critica "la alarmante aceleración del proceso de mediterranización" que sufre la costa norte, con proyectos de construcción de 120 puertos deportivos en Galicia y alrededor de 19.000 nuevos amarres, además de las 4.000 viviendas previstas en los planes de ordenación urbana de Asturias o los cerca de 2.500 nuevos amarres del Plan de Puertos de Cantabria.

También las comunidades que ya están saturadas de infraestructuras continúan con las mismas políticas, según el estudio, que cita como ejemplos el Plan de Puertos de Cataluña, que prevé la instalación de 7.500 nuevos amarres, o los once campos de golf previstos en Baleares.

Saez ha asegurado que solo quedan tres o cuatro puntos en la costa en los que se puede practicar un turismo sostenible, como el Cabo Cope (Murcia), aunque se cierne sobre la zona "una amenaza importante", algunos tramos de la costa de Menorca, el Parque Nacional de Cabrera y la costa de Girona, en "peligro de colonización".

Elvira Espinosa, coordinadora del informe, ha criticado los 230 millones de euros invertidos por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, la mayor parte de ellos en paseos marítimos y en regeneración de playas en municipios donde la construcción de infraestructuras impide el aporte sedimentario a éstas.

Los ecologistas consideran que la proliferación de nuevos puertos de interés general no responde a la demanda y creen que los dos mayores puertos proyectados en el cantábrico (El Musel, en Asturias; y Pasajes, en el País Vasco) se contradicen con la planificación energética del Gobierno.

Tampoco la situación de los vertidos al mar ha mejorado respecto al año pasado, un problema generalizado de toda la costa que se agrava en zonas de alto interés pesquero como las rías del norte,el Golfo de Cádiz o las islas Baleares, con puntos como la Savina (Formentera), donde su depuradora deja de funcionar en verano.

El informe subraya también la situación extrema de rías como la del Ferrol y Navia, en Galicia y Asturias, respectivamente, que sufren los vertidos continuados de industrias papeleras.

Denuncia, además, la actividad de "bunkering" (traspaso de fuel entre barcos en el mar), que asciende a 7 millones de toneladas al año, y que es especialmente preocupante en la Bahía de Algeciras.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción pide de nuevo una moratoria de puertos deportivos y una reestructuración del modelo económico que permita devolver el equilibrio ecológico a la costa.