Los portugueses conocieron ayer el detalle de los sacrificios que deberán soportar para acceder a la ayuda externa. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea, anunciado anteanoche, recoge una batería de medidas encaminadas a privatizar, recortar el gasto público y liberalizar el mercado laboral a cambio de un crédito de 78.000 millones. Las medidas suscitaron ayer interpretaciones dispares. Para Manuel Carvalho da Silva, secretario general de la poderosa Central General de Trabajadores de Portugal (CGTP), el acuerdo no soluciona los problemas estructurales del país, en especial, el paro y el escaso crecimiento. Según el sindicalista, Portugal 'puede situarse en 2012 con un PIB como el de hace diez años', y en lo social será peor: supondrá 'un agravamiento de las injusticias'. Casi 210.000 jubilados serán penalizados debido a la eliminación de beneficios fiscales.

En el otro lado, el oficialismo socialista, los empresarios y los banqueros cantan victoria. Creen que en lugar del anunciado estrangulamiento de Portugal, los técnicos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han entendido que el país sólo podrá sortear la situación si el ajuste presupuestario es más lento, con metas de reducción del déficit menos agresivas y sin medidas extremas como en Grecia, que suprimió las pagas extra de sus funcionarios.

El PIB retrocederá diez años por el ajuste, según el sindicato CGTP

Los bancos son los más beneficiados. El acuerdo les entrega 12.000 millones para garantizar que su gestión continúa en manos privadas y para permitirles recomprar participaciones del Estado. La satisfacción de los empresarios quedó patente en las palabras de Manuel Soares dos Santos, uno de los tres hombres más ricos del país, propietario de la principal cadena de supermercados, Pingo Doce: 'Con el FMI, en Portugal existe una oportunidad única para cambiar los malos hábitos', dijo.

El sector patronal aplaudió unánimemente las medidas. Las empresas cotizarán menos a la Seguridad Social, pero no los trabajadores, decisión explicada como una forma de 'aumentar la competitividad'. Para el consumidor, malas noticias. La luz y el gas subirán por el alza del IVA. El impuesto municipal sobre inmuebles, los billetes de tren, así como los transportes en general, también sufrirán aumentos considerables. Los ajustes son mucho más duros que los que contemplaba el último plan del socialista José Sócrates, que rechazó la oposición, lo que obligó al primer ministro a dimitir y convocar elecciones para junio.

Los recortes más impactantes se registran en el campo de la salud. El transporte de enfermos se reducirá a un tercio antes de septiembre y los gastos totales del sistema sanitario deberán caer al menos el 10% este año y otro 10% en 2012. Todo ello, en un contexto de sueldos y jubilaciones congeladas hasta 2013, reducción drástica de funcionarios públicos, despidos más fáciles e impuestos al alza.

La indemnización por despido bajará a sólo diez días por año

Por otro lado, Italia ultima un decreto para reducir el déficit público que presentará el próximo junio y que recoge un recorte presupuestario de entre 7.000 y 8.000 millones de euros, según Reuters.