La Fiscalía Superior de Catalunya, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ultima una querella que podría ser presentada en las próximas horas ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por los hechos supuestamente delictivos que habrían tenido lugar durante la jornada del 9N.

Fuentes jurídicas han informado de que, como consecuencia del desarrollo de las diligencias de investigación llevadas a cabo ayer y de las distintas denuncias presentadas en los juzgados de guardia, 'las bases de la querella son jurídicamente muy sólidas'.

Las mismas fuentes no han precisado la persona o personas contra las que iría dirigida la querella de la Fiscalía, ni los supuestos delitos que se les atribuirían como consecuencia de la celebración del proceso participativo de ayer en Catalunya (fotogalería).

La Fiscalía abrió el sábado diligencias para determinar si la cesión de locales públicos para la celebración de la consulta alternativa era constitutiva de delito.

En el marco de esas investigaciones, la Fiscalía pidió a la Generalitat que aclarase si ordenó ceder escuelas para el 9N y a los Mossos d'Esquadra que identificasen a los responsables de la apertura de locales públicos usados como puntos de votación. También solicitó a la Guardia Civil apoyo para localizar al responsable de la empresa Unipost, que había distribuido la propaganda relacionada con el 9N.

Al término de la jornada de la votación, la Fiscalía continuaba recabando datos a la luz de las diferentes denuncias presentadas para estudiar si concurren responsabilidades penales y, en su caso, ejercer las oportunas acciones legales oportunas. Los Mossos d'Esquadra han remitido un escrito a la Fiscalía Superior de Catalunya en el que la Generalitat se responsabiliza de la apertura de locales públicos durante la jornada del 9N, sin facilitar la identidad de las personas que lo autorizaron.

En su respuesta al requerimiento de la Fiscalía para identificar a los responsables de locales públicos abiertos para el 9N, los Mossos se remiten a un escrito de la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, en el que ésta sostiene que no está 'en condiciones' de facilitar esas identidades, ya que 'se ignoran las condiciones concretas en las que se puede haber accedido a cada una de las dependencias'.