La Fiscalía Provincial de Almería ha solicitado ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, que investiga la causa el crimen del menor de ocho años Gabriel Cruz, que se elabore una diligencia pericial para evaluar el estado en el que se encuentran los padres del menor, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, ante el proceso sufrido tras la pérdida de su hijo.

Fuentes del Ministerio Fiscal han indicado que se ha interesado al instructor la exploración de los progenitores para determinar posibles secuelas que a nivel psicológico hallan podido quedar tras el proceso que han atravesado desde la desaparición de su hijo el pasado 27 de febrero en Las Hortichuelas de Níjar (Almería), cuando este salía de casa de su abuela paterna para dirigirse a la de unos familiares, a cien metros de distancia.

Desde entonces, los padres del menor estuvieron a la cabeza de la búsqueda coordinada y dirigida por la Guardia Civil y los servicios de emergencias mientras que, de manera paralela, los agentes de la UCO realizaban una investigación paralela que finalizó con la detención de la expareja del padre del menor Ana Julia Quezada, autora confesa del crimen acusada de los presuntos delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.

Durante los 13 días en los que se prolongó la búsqueda que estrechó el cerco cada vez más sobre la investigada, los padres de Gabriel se mantuvieron al frente de los llamamientos y protagonizaron incluso una multitudinaria concentración en la capital almeriense para reclamar la devolución de Gabriel bajo las sospechas de que pudiera estar retenido. La autopsia posterior determinó que falleció entre las 15.30 y las 16.30 horas del mismo día de su desaparición por asfixia.

Asimismo, la fiscal también ha interesado que la causa sea declarada como de especial complejidad, lo que permitiría extender la instrucción del caso hasta 18 meses, si bien ante el avance los detallados informes de autopsia y toxicología recibidos en las últimas semanas, sobre los que ya se ha levantado el secreto de las actuaciones y que a juicio de la Fiscalía no precisan de contraanálisis, la instrucción no prevé agotar dicho plazo.