La Fiscalía pide el archivo de la causa contra Gordillo por el "asalto" a un supermercado

La Fiscalía Superior de Andalucía ha pedido el archivo de las actuaciones que se siguen en el Tribunal Superior de esta comunidad contra el diputado andaluz de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda (Sevilla) por una expropiación en un supermercado de la cadena Mercadona en la localidad de Écija el 7 de agosto del 2012.

Fuentes del Ministerio Público han informado este martes de que ayer mismo fue registrado ante la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal andaluz un escrito para pedir el sobreseimiento de la causa respecto al aforado, al entender que no está acreditada su participación directa en la referida sustracción, aunque sí estuviera ese día en las inmediaciones del establecimiento.

Pese a pedir el archivo respecto a Sánchez Gordillo, la Fiscalía Superior andaluza sí aprecia posibles responsabilidades penales en lo ocurrido, lo que en cualquier caso debería seguirse respecto al resto de los imputados no aforados por el órgano competente, el Juzgado de Instrucción número 1 de Écija (Sevilla).

Por su parte, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, han precisado que, una vez trasladado este criterio del fiscal, la Sala de lo Civil y Penal deberá emitir una resolución al respecto, que previsiblemente será notificada a las partes en los próximos días.

La petición de archivo del fiscal se produce tras la declaración el pasado 10 de diciembre ante el juez instructor Miguel Pasquau de Sánchez Gordillo, quien aseguró que, aunque estuvo en las inmediaciones del supermercado, no participó en la retirada de alimentos ideada como forma de protesta por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Ese día, su abogado, José Antonio Salazar, informó a Efe de que, en relación a la causa por el "asalto" al Mercadona, el también alcalde de Marinaleda (Sevilla) dijo ante el instructor que cuando llegó ya habían sido retirados varios carros de la compra.

Subrayó que estaba de acuerdo con la actuación decidida por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) como un acto de acción política y de denuncia social, si bien apostilló que el sindicato practica la "no violencia" y que fue una acción "sorpresa".

Además del parlamentario andaluz, en esta causa hay otras 20 personas imputadas, de las que 19 ya han declarado en un Juzgado de Écija y otra continuaba en diciembre en busca y captura.