La Fiscalía ha pedido hoy la absolución del financiero Javier de la Rosa por fraude fiscal para no perjudicar aún más los accionistas que sufrieron las consecuencias de la descapitalización de Grand Tibidabo protagonizada por el empresario catalán.

Así, el fiscal ha criticado las tesis defendidas por el abogado del Estado, única parte del proceso que pide que se condene a De la Rosa y a cuatro de sus colaboradores por engaño a Hacienda.

También ha alertado de las consecuencias que tendría una sentencia favorable al Estado para los accionistas estafados, que serían "doblemente perjudicados".

El fiscal ha denunciado que se pida un impuesto sobre "un expolio patrimonial", detrás del cual hay un delito de apropiación indebida de capital cometido por De la Rosa, a quién ha calificado de "depredador financiero".

En su comparecencia ante el juez, el financiero catalán ha reconocido hoy haberse lucrado desviando fondos de Grand Tibidado, tal y como sostiene la fiscalía.

Javier de la Rosa ha ratificado hoy ante el juez el acuerdo extrajudicial alcanzado el pasado diciembre, por el que acepta la petición de la fiscalía de tres años de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida al admitir su participación en la apropiación indebida de unos 70 millones de euros de la sociedad Gran Tibidabo.

Pero De la Rosa ha negado hoy haber cometido un delito de fraude fiscal, tal y como sostiene el abogado del Estado.

En su comparecencia en la Audiencia Provincial de Barcelona, el empresario catalán ha precisado que en ningún caso tuvo "el ánimo de defraudar" a Hacienda.

Durante su declaración, en la que sólo ha aceptado responder a las preguntas de su abogado, De la Rosa ha destacado que realizó todos los pagos pertinentes a la Agencia Tributaria.

Incluso ha denunciado que Hacienda debe todavía a Quail -una de las empresas que controlaba- más de 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros).

Esa empresa, ha explicado, pagó entre 1987 y 1991 un total de 2.400 millones de pesetas (14,4 millones de euros) a la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, y 1.036 millones (6 millones de euros) por IVA.

No obstante, la Abogacía del Estado defiende que el empresario y cuatro de los acusados en el caso de descapitalización de Grand Tibidabo defraudaron a la Hacienda Pública una cuota de más de 270 millones de pesetas en Impuesto de Sociedades (1,6 millones de euros).

La postura del abogado del Estado ha sido criticada durante el juicio oral por los representantes de los más de 10.500 accionistas afectados por esta estafa, que ven como el pago de impuestos por el dinero sustraído puede tener consecuencias negativas en el retorno del dinero perdido.

Todas las partes coincidieron en pedir al tribunal que emita una sentencia lo antes posible para no dilatar más un proceso judicial que dura trece años.

El abogado de De la Rosa, quién también ha pedido que se retire los cargos por fraude fiscal, ha rechazado que la defensa haya llevado a cabo una postura "obstruccionista" para alargar el proceso y ha subrayado los perjuicios que el empresario ha sufrido a lo largo de la instrucción.