La Fiscalía de Barcelona eleva a 20 millones de euros el desvío de fondos del Palau de la Música que realizaron Félix Millet y Jordi Montull en los últimos cinco años, aparte de las últimas "depredaciones" conocidas, como el hecho de que las bodas de las hijas de Millet las pagó el Palau.

Este es uno de los principales argumentos que esgrime el fiscal del caso Millet, Francisco Bañeres, en el recurso de apelación que ha presentado hoy ante el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, que ve la causa del Palau de la Música, contra la libertad provisional de Millet y Montull dictada el pasado lunes 19 por el juez Juli Solaz.

El fiscal recuerda que, además de los recursos de la institución cultural desviados sin justificación por los dos imputados, continúan "aflorando más depredaciones: bodas con cargo al Palau, gastos de índole personal", a lo que se debe añadir la percepción "injustificada de primas o estipendios no se sabe por qué gestión" de los dos imputados.

"Son sumas estratosféricas -añade- de las que se desconoce en que pueden haberse invertido pero no es descartable que algunas hayan sido situadas en el extranjero, concretamente en Suiza, país donde ambos inculpados reconocieron en sus declaraciones poseer cuentas bancarias".

Tampoco se puede obviar, a juicio de la Fiscalía, que Félix Millet tenía una caja de seguridad con 1.800.000 euros en billetes de 500 euros que fueron incautados por el juzgado.

En el extenso recurso de apelación, el fiscal desgrana punto por punto la argumentación del juez Solaz a la hora de dictar la libertad provisional de ambos imputados y cita diversas sentencias y casos, como Afinsa, Fórum Filatélico, Gürtel, Jesús Gil, o "especialmente el caso Tous", en los que se aplicó prisión a sus presuntos responsables a pesar del arraigo familiar que tenían.

Así, sostiene que la gravedad de las penas asociadas a los delitos que se imputan a Millet y Montull -falsedad en documento mercantil y apropiación indebida-, que podrían suponer alrededor de 14 años de prisión, "permitiría por sí sola, más allá de consideraciones relativas a su supuesto arraigo o a su pretendida ausencia de peligrosidad", el ingreso en prisión de ambos.

A esos dos delitos mencionados, se podría añadir en un futuro el delito de malversación de caudales públicos de forma continuada, lo que sumaría una pena de cuatro a ocho años más de privación de libertad, si se considera finalmente que los fondos desviados del Consorcio del Palau de la Música "mantienen su naturaleza de fondos públicos".

Estos fondos, que hasta ahora provenían de Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura, que se han personado conjuntamente como Consorcio en este caso como acusación.

Recuerda también el fiscal el eco social que ha tenido este caso en Cataluña y especialmente en Barcelona, un elemento de ponderación a la hora de calibrar la existencia del peligro de fuga que "no ha sido objeto de valoración por parte del instructor omitiendo cualquier reflexión sobre el mismo", se afirma en el recurso.

El fiscal rechaza "categóricamente" la incoherencia que le atribuye el juez Solaz en el auto en el que descarta la prisión de Millet y Montull sobre la petición de prisión.

Argumenta, en este sentido, que en el momento de presentarse la querella -junio de este año- no se solicitó "una medida restrictiva tan importante como es la privativa de libertad" porque no "aparecía, en ese momento, como la más proporcionada y adecuada a la información de la que se disponía".

De acuerdo con lo expuesto, el fiscal pide que se revoque la resolución de libertad provisional por el riesgo de fuga existente y que se dicte la prisión provisional incondicional de los querellados Félix Millet y Jordi Montull.