La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido la imputación de cinco altos mandos militares por un delito de homicidio por imprudencia grave, en relación con las supuestas irregularidades en la contratación del avión Yak-42, que se estrelló en Turquía en 2003 con 62 militares a bordo, que fallecieron.

El fiscal de la causa, Fernando Burgos, ha solicitado al juez que investiga los hechos, Fernando Grande-Marlaska, que acuse a los que fueran jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, y al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de división Juan Luis Ibarreta Manella.

Los otros tres cuya acusación solicita son el ex jefe de la división de operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON), contraalmirante José Antonio Martínez Sain-Rozas; el ex coronel jefe de la sección logística de la división de operaciones del EMACON, Joaquín Yáñez González, y el ex comandante de esa misma sección, Alfonso Elías Lorenzo Taboada.

La Fiscalía ha presentado hoy un nuevo escrito de acusación en estas diligencias después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenara al juez reabrir el procedimiento que él archivó el 1 de junio de 2007.

Según el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, los datos acreditados en la investigación confirman que las "deficientes" condiciones de seguridad del vuelo y el "alto riesgo" que la realización de ese transporte suponía para las tropas españolas eran "conocidos" por los responsables militares del Ministerio de Defensa.

"De modo y manera que si hubieran cumplido adecuadamente sus deberes legales y contractuales para garantizar la seguridad de las tropas bajo su mando, el vuelo en cuestión nunca se hubiera llevado a cabo y, en consecuencia, el siniestro no se hubiera producido", subraya.

El fiscal destaca que existen quejas anteriores "muy significativas" de otros contingentes militares con vuelos gestionados por compañías aéreas similares a la del accidente del Yak-42, que denunciaban graves problemas de seguridad y que fueron cursadas a través de los conductos reglamentarios a los responsables de Defensa.

En uno de los informes que recogían las quejas, según detalla el escrito, se incide en la "absoluta inidoneidad" de estos aviones y advierte sobre los "altos riesgos que se corrían" al transportar personal en ellos.

Apunta también a la "incontrolada" cadena de subcontratas para fletar el transporte como una de las causas de imputación de los cinco mandos, pues, según explica, de los 149.000 euros destinados inicialmente para contratar el vuelo, la compañía que lo llevó a cabo percibió 38.422 euros.

"Ese abaratamiento del coste final en el medio de transporte fue posible naturalmente a costa de reducir de forma irresponsable las condiciones de calidad, seguridad, y fiabilidad del avión", agrega el fiscal, que señala que el hecho de que no se utilizara casi el 75 por ciento de la cantidad prevista deberá ser investigado.

Burgos recuerda que el organismo de Defensa que contrató NAMSA (la agencia de mantenimiento de la OTAN para estos fines) era el EMACON -que dependía directamente del JEMAD- e indica que creó un Grupo de Control del Contrato, "para el control, vigilancia y supervisión" de los medios aéreos de transporte que se empleaban en el traslado de las tropas a las zonas de conflicto.

Señala además que hasta que se produjo el accidente del Yak-42 y a pesar de las quejas transmitidas, no se inspeccionó "jamás" ninguno de los vuelos, ni se comprobaron las condiciones del avión.

El contraalmirante Martínez Sainz-Rozas era el jefe del Grupo de Control de Contrato y Yáñez González y Lorenzo Taboada formaban parte de él, precisa el escrito.