PALMA DE MALLORCA.- El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha presentado este martes un escrito en el que solicita que se reduzca a 449.500 euros la fianza de responsabilidad civil que el juez José Castro decretó para la infanta Cristina por importe de 2,7 millones, según han informado fuentes jurídicas.

De este modo, Horrach se ha adherido a la petición que efectuó en su día la defensa de Cristina de Borbón, que considera "manifiestamente injustificada" la cantidad impuesta en relación con las responsabilidades económicas que, "en el hipotético caso de ser condenada, correspondería exigirle".

El Ministerio Público considera que la duquesa de Palma se habría lucrado de los fondos supuestamente defraudados a Hacienda por su marido, Iñaki Urdangarin, a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizoon. No obstante, sostiene que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, al contrario que Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel para ella como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

En su escrito, el fiscal alega cómo la práctica totalidad de casos relacionados con Hacienda se saldan con sentencias de conformidad en las que se impone una multa al tanto -correspondiente a la cuota presuntamente defraudada más un tercio de ésta- y no al séxtuplo -seis veces la cantidad distraída-. De hecho, recuerda que el touroperador TUI alcanzó en Palma un acuerdo de conformidad con el que asumió el pago de 50 millones de euros y 36.000 euros de multa a raíz del impago del Impuesto de Sociedades entre 2004 y 2008.

Castro dio cinco días a las partes para que se pronunciasen sobre la petición de la infanta de que el magistrado le rebaje la fianza de 2,6 millones que le impuso el pasado mes de diciembre. La duquesa abonó en su día 587.413 euros, por lo que le restarían por pagar 2,1 en caso de que Castro mantenga la cantidad decretada. Se trata, la cantidad de 587.000 euros, de la misma cifra que la Fiscalía solicitó el año pasado para la hermana del rey Felipe VI al sostener que ésta habría obtenido un aprovechamiento ilícito del dinero que su marido obtuvo del en tramado urdido en torno al Instituto Nóos.

Más en concreto, la cifra supone la mitad del más de un millón de euros de los que de forma presuntamente irregular se nutrió Aizoon de la trama. Urdangarin habría defraudado con la empresa, además, hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.

Embargo de fondos de Aizoon

La semana pasada, Castro acordó embargar la mitad de los fondos que Aizoon tiene ingresados por importe de varios miles de euros en un Juzgado de Primera Instancia de Palma -a raíz de la reclamación de un impago de un alquiler-, con el objetivo de cubrir parte de la fianza civil que pesa sobre la infanta.

Asimismo, el magistrado decidió causar traba sobre el 50 por ciento del mismo depósito a fin de responder, en su caso, a la caución de 13,6 millones a la que tampoco hizo frente Urdangarin en el marco de esta causa.

Las cantidades obran retenidas, en concreto, en el Juzgado de Primera Instancia número 23 de la capital balear y corresponden a un Expediente de Ejecución de Títulos Judiciales a favor de Aizoon, a raíz del impago de las rentas de alquiler de un piso que los duques tenían arrendado a una inquilina a través de su sociedad.