El fiscal pide 14 años para etarra que puso coche-bomba en aeropuerto Málaga

La Audiencia Nacional juzgará el próximo jueves al etarra Ismael Berasategui Escudero por preparar y colocar un coche-bomba en el aeropuerto de Málaga el 26 de julio de 2001, que finalmente no explotó al ser desactivado, hechos por los que el fiscal pedirá para él 14 años de cárcel.

Según el escrito de conclusiones del fiscal, el acusado y los etarras Javier Zabalo Beitia y Ainhoa Barbarín Yurrebaso -condenados por estos hechos- integraban el comando legal itinerante "Behorburu" de ETA dedicado a la preparación de vehículos que habían sido previamente robados (por ellos mismos u otros etarras) para su preparación y posterior utilización como coches bomba.

Para ello, Berasategui y Zabalo constituyeron una empresa denominada "Zipistrin" en la localidad de Villarreal de Urrechúa, en Guipúzcoa, donde bajo apariencia de normalidad se dedicaban al lavado y limpieza de vehículos facilitando la cobertura necesaria para ocultar los coches robados y proceder a su preparación.

Así, sustituían las placas de matrícula y los cargaban con explosivos, placas que les eran entregadas por otros miembros de ETA ya confeccionadas y listas para su uso.

Barabarín y Berasategui se dedicaban a realizar el traslado de los vehículos ya preparados con su mortal carga a la localidad previamente indicada por ETA para cometer el atentado, señala el fiscal.

De esta forma, y tras sustraer un turismo, sustituyeron su matrícula por una falsa y colocaron en su interior un artefacto explosivo consistente en un contenedor de plástico, dos detonadores, dos temporizadores y 53 kilos de tytadine.

Con la carga colocada, situaron el coche en el aeropuerto de Málaga dispuesto para su explosión a las 08:00 horas del 26 de julio de 2001, y a las 07:17 horas de ese día, un comunicante anónimo advirtió de la colocación del vehículo, cuya carga explosiva que pudo ser desactivada por los Tedax.

En el domicilio de Berasategui fueron intervenidas las placas de matrícula originales correspondientes al coche bomba utilizado y en el registro realizado en la empresa se encontró la documentación del coche.

Para el fiscal Jesús Alonso, los hechos son constitutivos de un delito de estragos terroristas en grado de tentativa, otro de sustracción de vehículos a motor y otro de falsedad documental con finalidad terrorista.

Por otra parte, la Audiencia Nacional también juzgará el próximo jueves a Sabin Mendizábal, acusado de colocar un artefacto explosivo casero, que no causó víctimas, en la sede del Partido Popular de la localidad vizcaína de Ermua el 21 de mayo de 2003, hechos por los que el fiscal pedirá para él 8 años de cárcel.