Filtraciones, dimisiones, acusaciones y reproches políticos... incluso denuncias en el juzgado. La polémica ha acompañado el trabajo de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), casi desde el primer día que iniciaron sus pesquisas. La CIAIAC, el organismo que se encarga de averiguar las causas del peor siniestro aéreo de las dos últimas décadas en España, es una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Fomento.

La comisión está compuesta por ocho miembros, entre ellos un representante de pilotos, un controlador aéreo jubilado, un ingeniero aeronáutico y un vocal de la Agencia Estatal de Meteorología, entre otros. Una de estas plazas está vacante desde hace dos años. El Real Decreto que regula su actividad recuerda la necesidad de los integrantes de la comisión de 'guardar el secreto profesional'. Algo parecido dice la Ley de Seguridad Aérea, en su artículo 16 dedicado al 'carácter reservado de la información'. Pero alguien falló.

A mediados del pasado mes de septiembre, la filtración a la prensa del borrador del informe preliminar del accidente casi parte en dos a la comisión. El representante de los pilotos en la CIAIAC, Valentín Villarroel, quien era miembro del pleno permanente de este organismo desde hacía seis años, presentó su dimisión a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. En una carta demoledora, Villarroel hablaba de 'fracaso' de la comisión. 'Un organismo como la CIAIAC ha sido utilizado para pervertir sus fines generando desconfianza en lugar de promover la seguridad', afirmaba el piloto. Pero Álvarez no aceptó la dimisión del vocal.

Pocas horas después llegó otra filtración: la del vídeo de la tragedia del MD-82. Unas imágenes de mala calidad, capturadas por las cámaras de seguridad de AENA en Barajas, en las que se apreciaba cómo el avión apura la pista, se eleva 12 metros, pierde altura, cae contra el suelo y, ya descontrolado, cae junto a un arroyo cercano y explota en una gran bola de fuego.

Javier Pérez, el juez encargado de la instrucción del accidente, también se mostró 'molesto y contrariado' por lo ocurrido, y se lo hizo llegar a la comisión, a quien recordó el deber de respetar la investigación y el secreto de sumario.

La trifulca se extendió al Congreso. Allí, la oposición cargó con dureza contra la titular de Fomento, a quien acusó de ser la responsable de las filtraciones. Álvarez negó este extremo e incluso amenazó con denunciar al diputado del PP, Andrés Ayala.