Una familia vive en la calle con su hijo en coma para denunciar una negligencia médica

La familia de Antonio Meño, un joven que lleva 20 años en coma tras someterse a una operación, vive desde hace casi siete meses en la calle — concretamente en la plaza madrileña Jacinto Benavente—, a la espera de que se haga justicia en el caso del joven.

Sus padres aseguran que el estado de su hijo se debe a una negligencia médica.

La nieve, el frío y el viento de los últimos días ha obligado a Juana, la madre de Antonio, a reforzar la doble tienda de campaña que les está sirviendo de vivienda provisional frente a una de las dependencias del Ministerio de Justicia.

No cuentan ni con luz ni con gas pero la familia no quiere abandonar el sitio por miedo a que se olviden de ellos.

Llevan meses pasando de una circunstancia a otra, pues a finales de octubre, el riesgo que corrían era el de ser desahuciados de su vivienda en Móstoles porque una juez insistía en hacerles pagar las costas de los litigios que se han extendido a lo largo de dos décadas y que ascienden a más de 400.000 euros.

"No hay noticias nuevas sobre la situación de la familia"

Según ha explicado el abogado de la familia, Luis Bertelli, después de dos meses "no hay noticias" nuevas sobre la situación de la familia, teniendo en cuenta que hay varios frentes abiertos en los tribunales. "Lo de la familia Meño es el ejemplo más claro de lo poco que importamos los ciudadanos en una sociedad que presume de principios democráticos", apuntó.

En este sentido, ha señalado que aunque parezca "inimaginable", se dan situaciones como la que viven desde hace casi siete meses Antonio y Juana con su hijo Antonio en coma vigil irreversible, "abandonados a su suerte en pleno centro de Madrid". "Aunque estén solos, en cuestiones de conciencia no cuenta la ley de la mayoría, como dijera Gandhi", añadió.

La historia de Antonio Meño empieza el 3 de julio de 1983, cuando este estudiante de Derecho de 20 años, se sometió a una operación estética de nariz en una clínica madrileña, que no resultaba ni siquiera necesaria. La intervención quirúrgica se realizó con anestesia general y duró, según el cirujano, entre 20 y 25 minutos.

Sin embargo, el anestesista indicó más del doble, una hora.

El resultado fue que del quirófano salió Antonio en coma vigil irreversible, con las funciones intelictivas y cognoscitivas compleamente abolidas y dependiendo de los demás para poder realizar sus necesidades más elementales.

Sus padres denunciaron la situación ante el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, que condenó al anestesista porque, según el relato de los hechos y las pruebas, cabía hablar de "una cierta imprudencia en la actitud" de este profesional, con lo que la familia podría cobrar la indemnización que permitía cubrir las atenciones que necesitaba Antonio.

A los cuatro o cinco segundos de haberle retirado el tubo le sobrevino un vómito

Según recoge esta sentencia, el anestesista procedió a la extubación del paciente sin existir evidentes signos de que Antonio hubiera recuperado la respiración espontánea.

A los cuatro o cinco segundos de haberle retirado el tubo le sobrevino un vómito y debido a su falta de reflejos por no haber recuperado la respiración, lo tragó, aspirándolo por vía aérea, y le causó un broncoespasmo que le dejó sin oxígeno.

Sin embargo, el anestesista recurrió en apelación su sentencia condenatoria y la sección séptima de la Audiencia Provincial de Madrid revocó la dictada en primera instancia, absolviéndole y dejando a la víctima sin la indemnización. Fue cuando a los padres de Antonio sólo les quedó la vía civil y acudieron al Tribunal Constitucional.

Posteriormente perdieron en primera instancia, en apelación y en casación. De hecho, los tres jueces que conformaron el tribunal de apelación —ahora demandados— aseguraron que no existía "viso alguno" que permitiera inducir que "haya sido confeccionado ad hoc o en función del proceso" la actuación del anestesista.

Los padres continuaron su batalla en los juzgados y recurrieron al Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de los Meño por no haber combatido en él la culpa del anestesista. La familia se quedó sin letrado y pidió al Alto Tribunal un abogado y un procurador del turno de oficio para interponer un incidente de nulidad contra esa sentencia.

A día de hoy siguen a la espera de ver qué ocurre con su recurso

La petición del abogado y procurador de oficio la efectuaron los Meño el 14 de julio y a día de hoy todavía no le han sido nombrados estos profesionales, aunque la familia ya cuenta con defensa, la Fundación Jurei (Justicia Responsable e Independiente), que tras conocer la historia, acordó hacerse cargo de la situación.

A día de hoy siguen a la espera de ver qué ocurre con su recurso de apelación y a pesar de que llevan dos décadas de lucha donde se han quedado solos, "sin dinero e indefensos" no terminan de perder la "esperanza" de que llegue el momento en el que se reconozcan sus derechos.