El exconsejero andaluz de Empleo ha asumido su ingreso en prisión "con la conciencia tranquila"

El exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández ha asumido hoy su ingreso en prisión, decretado por la juez que investiga los ERE irregulares, Mercedes Alaya, esta mañana, con "entereza, con ánimo y con la conciencia tranquila", ha explicado su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo.

Después de que la juez decretara para el exconsejero prisión provisional comunicada y sin fianza, Fernández ha sido trasladado a la cárcel a las 07.50 horas en un furgón de la Guardia Civil al que ha entrado sin esposas.

El letrado de su defensa ha señalado a los periodistas que, desde una perspectiva meramente jurídica, no existen "méritos" para el acuerdo de la medida tomada por la juez Alaya y que no lo esperaba porque tenía la esperanza de que el órgano judicial fuera "sensible" con la presunción de inocencia y con el derecho a la libertad personal.

Martínez del Hoyo considera que se trata de una medida "innecesaria y desproporcionada" y ha afirmado que combatirán la resolución "en derecho".

Ha indicado que es "un día triste para el Estado de Derecho" y ha mostrado su "profundo desacuerdo con la medida" porque, entre otros argumentos, era un procedimiento "perfectamente establecido".

Además, ha criticado el argumento "absolutamente infundado" de que las disposiciones económicas se hicieron en contra del criterio de la intervención general porque "la realidad es que la intervención lo consintió desde el momento que no puso reparos y permitió los pagos".

La decisión de la juez de instrucción 6 de Sevilla se ha producido a las 06.45 horas de hoy, después de la petición de prisión provisional comunicada y sin fianza realizada por el fiscal, quien alegó la gravedad de los delitos, que existía riesgo de fuga y la posible obstrucción de las fuentes de prueba.

La cuarta jornada de la declaración se inició ayer a las 10.00 horas y ha finalizado hoy con el traslado a prisión del exconsejero tras más de 21 horas de comparecencia ante la juez, en unas jornadas en las que ha contestado a más de 500 preguntas de la magistrada, la Fiscalía Anticorrupción y las partes personadas.