El exceso de control en los aeropuertos divide a la UE

Una nueva batalla entre privacidad y seguridad se libra en Bruselas por el papel de los escáneres de cuerpo entero en los aeropuertos. Los contendientes son la Comisión Europea, a favor de su uso, y el Parlamento Europeo, en contra. Una resolución aprobada el jueves por la Eurocámara frena la instalación en los aeropuertos europeos de los escáneres de rayos-X que muestran a los pasajeros desnudos para comprobar si portan elementos prohibidos.

"No se pueden aprobar métodos de control de seres humanos como si fuera un nuevo sistema europeo de contar ganado", asegura el diputado de CiU Ignasi Guardans, que critica que se trate a los ciudadanos "como idiotas".

Al socialista Javier Moreno le preocupan, además, los posibles efectos sobre la salud. Por eso reclamó estudios científicos para determinar el impacto de los rayos X en los niños, enfermos y embarazadas. Pero la dudas van más allá: "¿Quién va a custodiar esas imágenes nuestras tan especiales?", preguntó Guardans.

Los escáneres aportan una imagen parecida a una fotografía en negativo, sólo que la persona aparece sin ropa. La Comisión Europea pretende emplearlos como un método más para "incrementar la seguridad" y detectar "desde pistolas hasta drogas", según el portavoz Jens Mester, quien recalca que "en ningún caso se obligaría a los estados miembros a realizar los controles".

¿Para qué incorporarlo si no comporta consecuencias? "No tiene sentido", responde un responsable de State Watch, una organización en pro de las libertades públicas con sede en Londres. "La Comisión se defiende ahora, cuando no ha explicado ni los usos concretos de la tecnología", aseguró a Público. State Watch denuncia que estos escáneres ya operan en algunos aeropuertos europeos, en ciudades como Amsterdam y Londres. La organización tiene constancia de que pasajeros del aeropuerto británico de Heathrow han pasado por el detector "con los brazos en alto y sin ser informados del tipo del control al que estaban siendo sometidos".

Aunque el Parlamento no tiene poder final de decisión, la resolución de ayer puede ser un recurso legal si se producen abusos "del derecho a la intimidad, a la protección de datos o a la dignidad de la persona", según reza el texto.