El ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos volvió ayer a sentarse en el banquillo de los acusados, sólo tres semanas después del juicio por malversación de fondos públicos en el que condenado a dos años de cárcel por gastar 51.000 euros en clubes de alterne gays.

En este nuevo caso, el ex teniente de alcalde del PP se enfrenta una pena de 24 años y tres meses de prisión como presunto autor de sendos delitos de abuso sexual a cuatro jóvenes, corrupción de menorestres de ellos lo eran en el momento de los hechos y contra la salud pública.

Afirma que, como mucho, pudo dar a los niños

Javier Rodrigo de Santos negó todos los cargos, en especial el de abuso de menores, una acusación que considera 'muy grave' y que no encaja con su 'forma de ser'. Achacó las denuncias de las víctimas, que tenían entre 14 y 18 años cuando se habrían dado los presuntos abusos, en noviembre de 2007, a una 'presión' externa que, probablemente, 'tenga que ver con su situación en España'. El acusado se refería así a la situación legal de la familia de tres de la supuestas víctimas, de origen chileno.

El ex teniente de alcalde admitió tener una relación 'cordial' con esa familia, ya que en algún caso les ayudó con algunos problemas: al padre le pagó una abultada factura de llamadas a números eróticos y a un hermano mayor le prestó 200 euros para arreglar sus papeles de residencia, cantidad que, dijo, nunca le devolvieron.

Tras afirmar que los niños eran un 'poco liantes' y 'fantasiosos', De Santos admitió que en alguna ocasión se quedaron a dormir en su casa ya que eran amigos de sus hijos. Algún día, reconoció, pudo haberles dado un 'beso de buenas noches', arropado o incluso tocarles 'la pierna' cuando les llevaba en su coche. El ex edil y los menores se conocían porque sus familias oían misa en la misma iglesia.

Los padres de los tres menores confirmaron los abusos sexuales

Uno de los menores, según consta en la denuncia, dijo que el ex concejal le había realizado tocamientos y le practicó una felación. En la misma línea, otro de los chicos, de entonces 16 años, aseguró que De Santos le pagó los servicios de una prostituta para observarles mientras mantenían relaciones sexuales.

En el caso del joven de 18 años, este declaró que el entonces edil le había realizado tocamientos y le ofreció popper, una droga estimulante de uso sexual. El ex concejal del PP dijo que el motivo de la demanda del único denunciante mayor de edad es una venganza de la hermana de este, que le acusó de ser el responsable de que perdiera su empleo en el ayuntamiento y le amenazó por teléfono asegurándole que le 'iba a hundir'.

Después de la comparecencia de De Santos, el magistrado interrogó a las supuestas víctimas a puerta cerrada y más tarde a los padres de los tres menores. Estos últimos negaron que su denuncia responda a intereses económicos y se mostraron convencidos de que sus hijos dicen la verdad. En un principio, admitieron ante el tribunal que no prestaron importancia al relato de sus hijos.

Hasta que un día les llamaron del colegio donde estudiaban para informarles de que uno de ellos había afirmado en un test haber sido víctima de abusos sexuales. Así, denunciaron los hechos, tal como les recomendaron los psicólogos.

El padre confirmó que sus hijos le informaron de haber sido objeto de 'tocamientos' y en uno de los casos de 'penetración sexual'. La sesión continuará hoy con los testigos de la defensa.