Una Europa muy debilitada por la crisis de la deuda acudirá a la cumbre del G20 en Toronto (Canadá) con la intención de convencer a sus socios de que no cejen en la reforma del sistema financiero internacional y contribuyan, mientras ella se recupera, al crecimiento económico de todos.

En su última reunión, celebrada el jueves pasado en Bruselas, los gobernantes de la Unión Europea concertaron su posición de cara al G20 y pusieron el énfasis en la necesidad de seguir coordinando a nivel mundial la salida a la grave crisis financiera, económica y social que se arrastra desde 2008.

Europa pedirá a los demás socios globales con márgenes presupuestarios que no retiren todavía los estímulos económicos, para no ahogar el crecimiento; que sigan reprimiendo las tentaciones proteccionistas; y que avancen decididamente en el objetivo de regular y vigilar mucho más de cerca el mundo de las finanzas.

La Unión Europea (UE) como tal, representada por su nuevo presidente estable, el belga Herman Van Rompuy, y por el presidente de la Comisión ejecutiva, el portugués José Manuel Durão Barroso, es miembro del grupo de los veinte países industrializados y emergentes más importantes del planeta.

Además, otros cuatro países europeos son miembros permanentes del grupo -Alemania, Francia, Reino Unido e Italia- y dos más, España, que este semestre ejerce la presidencia rotatoria de la UE, y Holanda, asisten como invitados desde el comienzo de la crisis actual.

Los europeos no quieren que el inicio de la recuperación económica, visible sobre todo en Estados Unidos y Asia, frene el impulso favorable a una reforma en profundidad del sistema financiero internacional, origen de todos los problemas.

La semana pasada los líderes de la UE dieron un paso más allá respecto a los acuerdos de Pittsburgh o Londres (2009), al comprometerse a "dirigir los esfuerzos globales encaminados a introducir sistemas de tasas e impuestos sobre las instituciones financieras", y a defender incluso "la creación de un impuesto mundial sobre las transacciones financieras", según el comunicado de la cumbre del pasado 17 de junio.

De momento, ambas iniciativas se mueven en un plano más retórico y electoralista que práctico, aunque sobre el principio de un impuesto a la banca ya existe un acuerdo entre los Veintisiete, y la Comisión de la UE ha presentado recientemente algunas ideas para ponerlo en marcha.

Cuando se habla de un impuesto a la banca, cada parte entiende una cosa diferente. La idea europea no consiste en un gravamen extraordinario con el que recuperar el dinero que los estados han aportado para evitar el colapso del sistema financiero, como propugna Estados Unidos, sino más bien en un fondo, alimentado por los bancos, con el que el propio sector haría frente a quiebras futuras sin recurrir al dinero de los contribuyentes.

Pese a esta voluntad de liderazgo en la reforma financiera, la UE es consciente de la debilidad de su posición en la escena internacional.

Con las arcas públicas vacías, un crecimiento raquítico y un desempleo galopante, los países europeos no están en condiciones por el momento de tirar del carro de la economía mundial.

Pero se muestran satisfechos de la "determinación" que han demostrado a la hora de poner su casa en orden, lo que ha contribuido, afirman, a la estabilización de todo el sistema global.

A principios de mayo, Europa se había convertido en el epicentro de un nuevo terremoto financiero, según reconocía este domingo el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, en una entrevista al semanario alemán "Welt am Sonntag".

El contagio de la crisis de la deuda pública griega a otros socios de la zona del euro habría sido desastroso para el mundo entero, si los gobiernos y las instituciones de la UE no hubieran tomado medidas drásticas y valientes.

Una semana después de decidir, el 2 de mayo, el histórico rescate de Grecia, en una operación conjunta con el Fondo Monetario Internacional que puso a disposición de Atenas préstamos por valor de 110.000 millones de euros para tres años, los socios europeos volvían a reunirse, el 9 de mayo, para improvisar un mecanismo de estabilización general que cortara el peligro de contagio a otros estados de la zona.

El mecanismo, constituido por préstamos y garantías, movilizará en caso necesario la impresionante cantidad de 750.000 millones de euros (1 billón de dólares).

Como contrapartida, los dos países más acosados por los especuladores -España y Portugal- aceptaron acometer drásticos planes de ajuste para acelerar la reducción de sus déficit públicos excesivos y anticiparon reformas estructurales impopulares.

En su última cumbre, los líderes de la UE dieron otro paso más hacia la estabilización y la reforma de la economía europea, con la decisión de publicar las pruebas de solvencia a las que son sometidos sus bancos y la adopción de una nueva estrategia en favor del crecimiento y el empleo para esta década.