El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha avanzado este martes que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) está analizando las auditorías realizadas en todas las entidades financieras nacionalizadas para comprobar que no ha habido malas prácticas contables, como se ya hizo con Banco de Valencia, a la que se acabó interponiendo un expediente sancionador.

Así lo ha indicado durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde ha explicado a los medios que se trata de 'inspecciones técnicas' que de entrada no tienen por qué suponer un expediente sancionador. Además de Banco de Valencia, Deloitte auditó las últimas cuentas de Bankia, Novagalicia Banco y Catalunya Caixa, mientras que KPMG lo hizo con la CAM. Asimismo, el ministro de Economía ha apuntado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha remitido un protocolo de actuación para la detección del fraude a aquellas entidades en las que tiene participación, que ya lo están implementando.

Así lo ha expuesto después de que el senador del Grupo Mixto Jesús Enrique Iglesias le echara en cara que 'la preocupación fundamental del Gobierno ha sido la estabilidad de la banca, a la que se han procurado ingentes recursos públicos, pero ha destacado menos el esfuerzo que a través de la fiscalidad han realizado los ciudadanos'.

El ministro ha recordado que el FROB ha presentado hasta ahora como administrador provisional de estas entidades ocho querellas contra exdirectivos de Banco de Valencia por operaciones que han causado perjuicios económicos al banco. Cinco de ellas se han admitido a trámite y se ha personado en otros tres procesos iniciados por terceros contra directivos de Novacaixa Galicia, Caixa Penedés y BFA Bankia.

Por su parte, De Guindos ha insistido en que el Gobierno ha impulsado cambios 'determinantes' para proteger los derechos de los ahorradores contra malas prácticas bancarias, que han provocado 'mucho dolor'. Como ejemplo, ha puesto la limitación de los intereses de demora de los deudores, los límites impuestos a las tasadoras o las nuevas exigencias de transparencia impuestas a las entidades financieras y a las sociedades cotizadas.