La política medioambiental del Gobierno ha sido criticada por cinco de las principales organizaciones ecologistas en España, que lamentan que ya no sea una prioridad para el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

"El medio ambiente ha perdido gran parte del peso político que tuvo en la anterior legislatura", señalaron Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF en un comunicado conjunto emitido el martes.

Las cinco presentaron el documento "Un programa por la Tierra. Un año sin política ambiental" en el que hacen un balance de la gestión ambiental del Gobierno al cumplirse un año de las elecciones generales, y su opinión no es muy positiva.

"Bajo la excusa de la crisis, se están promoviendo políticas totalmente insostenibles como el impulso a las grandes obras públicas del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte o el apoyo financiero a la construcción, causantes de gran parte del deterioro ambiental de nuestro país".

Los ecologistas también denuncian "una reducción progresiva en la transparencia, así como en las herramientas de participación social que se habían conquistado".

En cuanto al cambio climático, critican que Zapatero se comprometiese en la campaña electoral a considerarlo uno de sus ejes y "sin embargo, en la actualidad la única preocupación del Gobierno es cumplir con los objetivos de Kioto a través del comercio de emisiones en vez de reduciendo emisiones".

Además señalan que no se ha concretado el compromiso de elaborar un calendario de cierre de las centrales nucleares, que se apueste por "una política insostenible" de construcción de autovías y AVE, "incluso donde la demanda no lo justifica" y que la política del agua vuelva a trasvases y embalses.

Otras áreas que reciben críticas son la agricultura, donde consideran que "se ha dado un giro de 180 grados en la política española en materia de organismos modificados genéticamente", en conservación, donde denuncian que no hay políticas para frenar la pérdida de biodiversidad, o en urbanismo.

"En este último año se está produciendo un auténtico trasvase de dinero público para evitar el hundimiento del sector inmobiliario, sector que está en el origen de los problemas ambientales y sociales más importantes de nuestro país", sostienen los ecologistas.

Entre las medidas concretas que piden al Ejecutivo socialista están el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, el derribo del hotel de El Algarrobico, en Almería, tal y como pide una sentencia judicial, abandonar el polémico proyecto de una refinería en la localidad pacense de Tierra de Barros, aprobar una moratoria para el cultivo del maíz transgénico, crear una reserva para el atún rojo en Baleares o retirar el proyecto de ley que permite la compraventa de construcciones en dominio público marítimo-terrestre.