El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, han inaugurado hoy el Año Judicial con alusiones a la decisión judicial de que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas catalanas y a los esfuerzos de la Fiscalía para evitar que Sortu sea legal.

Así lo han expresado en sus respectivos discursos pronunciados con motivo del acto de apertura del Año Judicial, que por primera vez en veintiocho años se ha celebrado en ausencia del Rey, al que tanto Dívar como Conde-Pumpido han deseado una pronta recuperación de su intervención en el tendón de Aquiles.

En referencia al conflicto surgido entre la Generalitat catalana y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a raíz de la decisión de este órgano de imponer el castellano como lengua vehicular en las escuelas catalanas, Dívar ha destacado que las decisiones judiciales deben ser respetadas por todos, "en particular por las instituciones públicas", y ha recordado que los tribunales de justicia deben evitar convertirse en "protagonistas de conflicto alguno".

En su último discurso como fiscal general del Estado en este acto, dado que este año finaliza su mandato sin que quepa su renovación, Conde-Pumpido ha recordado que la Fiscalía agotó todas las posibilidades para "excluir" a Bildu de las instituciones y ha añadido que "seguimos sosteniendo" en el Tribunal Constitucional la ilegalización de Sortu mientras subsista la "sombra de ETA".

Ha pronosticado además que, "aferrados a la dignidad de las víctimas", asistimos a la "derrota legal, material y moral" de ETA y de quienes "se creyeron absurdamente capaces de quebrar a sangre y fuego la voluntad democrática de los españoles".

No obstante, ha indicado que en este "agónico final" persiste la incapacidad de los terroristas y sus valedores para "reconocer su trágico y cruento desatino histórico, renunciando expresa, clara y definitivamente a la imposición de sus tesis totalitarias mediante la violencia".

Dada la "ambigüedad" con que, a su juicio, ETA anunció en septiembre el alto el fuego, ha resaltado que policías, jueces y fiscales permanecen "vigilantes e inflexibles" en el cumplimiento de la ley.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, ha remarcado "el ejemplar rigor" de la Fiscalía Anticorrupción, pese a la seria dificultad que implica la persecución de delincuentes poderosos, que gozan del privilegio del acceso a la opinión pública o que aprovechan su presencia en el mundo de la política para tratar de deslegitimar, en su propio provecho, la acción de la Justicia.

Ha criticado a aquellos que insisten en el error de contemplar la lucha contra la corrupción en términos de contienda política o electoral, en lugar de ayudar, "unidos sin fisuras, a erradicar esa seria amenaza para la solvencia ética y la credibilidad de nuestro Estado de Derecho".

Por su parte, el presidente del Supremo también ha hecho referencia a "las zonas de fricción" que surgen entre las competencias de los diferentes tribunales, entre ellos el Supremo y el Constitucional, y para evitarlas ha propuesto que el Supremo respete "los criterios sentados por el Tribunal Constitucional" y que éste reconozca a su vez "la jurisprudencia del Tribunal Supremo".

También ha aludido a "las difíciles circunstancias económicas que atravesamos" y que, a su juicio, "inciden en los tribunales desde una doble perspectiva", por un lado, "aumentan los conflictos" y por otro, "limitan los recursos destinados a modernizar la Administración de Justicia y a adecuar los medios humanos y materiales a las necesidades".

Para afrontar esta situación, ha explicado que, desde el Consejo General del Poder Judicial, que también preside, se están elaborando estudios "para calcular el coste de los litigios con el fin de que los recursos presupuestarios de las diferentes administraciones se asignen de la manera más eficiente".

Tras estas palabras y al no estar el Rey presente, le ha correspondido pronunciar la frase con la que se da por inaugurado el Año Judicial ante los invitados a la ceremonia, entre los que se encontraban el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, excepto el de Extremadura.