El ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán critica que el juez Elpidio José Silva se basara en la 'alarma social, la crisis económica mundial' y otros motivos similares copiados de la Wikipedia para reabrir la causa sobre el crédito de 26,6 millones de euros que le concedió Caja Madrid, causándole un 'grave daño' a su 'imagen pública'. Así se expresa en el escrito de acusación, en el que pide 24 años para el juez por un delito continuado de prevaricación y otro de retardo malicioso en la Administración de Justicia.

Díaz Ferrán solicita que se condene a Silva a abonar 50.000 euros como indemnización por el 'daño a su honor y el sufrimiento moral' provocado por la reapertura de la causa, una cuantía que se integrará en la masa activa del concurso de acreedores. También reclama que asuma el coste de la asistencia letrada y de representación, teniendo en cuenta las costas fijadas por los Colegios de Abogados y Procuradores.

En su escrito, el ex jefe de la patronal mantiene que Silva reabrió este caso en 2012 sin que hubiera dato alguno que lo justificase, sin fundamentación jurídica y con 'pleno conocimiento de la vulneración del ordenamiento jurídico que su decisión implicaba'. Acusa al juez, ahora suspendido provisionalmente, de ordenar la práctica de un 'gran' número de diligencias ajenas a los hechos denunciados y relativas a un amplio periodo temporal comprendido entre 2002 y 2010.

Entre ellas, quiso saber los préstamos concedidos a los 'hijos, esposas, socios o empresas vinculadas' a Díaz Ferrán y al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa, o sus entradas y salidas 'simultáneas' de España, sin concretar periodo de tiempo alguno. Tal providencia, que hacía numerosos requerimientos al Banco de España, a la Policía, a la Agencia Tributaria o al SEPBLAC, carecía de motivación y 'desbordaba manifiestamente' el objeto del crédito denunciado. 'Las diligencias acordadas tenían un carácter prospectivo y genérico', añade la defensa de Díaz Ferrán.

En su escrito de acusación, también censura la 'dilación' injustificada de la tramitación de los recursos de las partes por parte de Silva. En su opinión, tardó meses en tramitar los recursos contra el secreto de las actuaciones para 'obstaculizar el control de la resolución de secreto por la Audiencia Provincial'. Así las cosas, recalca que la reapertura del caso tuvo un 'notable impacto ante la opinión pública, ante la que se presentaba un supuesto trato de favor a Gerardo Díaz Ferrán y sus empresas extendido en el tiempo y generalizado, con graves daños para su imagen pública'. Y concluye que este fue el efecto 'intencionadamente' buscado por el acusado.