El Diálogo Social cobra sentido en las autonomías

El Diálogo Social a nivel de la Administración central entró esta semana en la sala de reanimación. Tras dos meses de hibernación, en el que se ha confabulado el desentendimiento de los agentes sociales con los procesos de reelección interna, Gobierno, patronal y sindicatos han expresado su deseo de dar un impulso al proceso lo antes posible.

Pero, pese a esta aparente parálisis de la negociación tripartita, a lo largo de estos meses, la concertación social se ha mantenido viva gracias a los acuerdos alcanzados a nivel autonómico. Como en muchas otras materias, aunque al hablar de Diálogo Social sólo se piense en las negociaciones centrales, el proceso está vivo en las comunidades y en muchos casos ha logrado poner en marcha propuestas de gran calado para el empleo.

Esta misma semana surgía la noticia de que la Junta de Castilla-La Mancha ha propuesto a los agentes sociales un plan de choque para dar empleo a aquellos parados que haya agotado su prestación. El gobierno de José María Barreda presume de estar en un proceso de diálogo social "abierto y continuo" y este plan de contratación extraordinario es sólo la punta del iceberg de otras medidas negociadas en la concertación social. Mediante una novedosa fórmula, la Junta le transferirá una paga a las diputaciones y ayuntamientos para que contraten a estos desempleados al menos 180 días, de forma que generen de nuevo el derecho al subsidio. Además, la comunidad otorga ayudas a la contratación indefinida que pueden llegar hasta los 11.000 euros en el caso de que el empleador sea autónomo y el contratado esté en riesgo de exclusión social.

Sin embargo, para los sindicatos, el acuerdo marco referente en el diálogo social autonómico es el que firmó Castilla y León el pasado febrero. En él, sindicatos, empresarios y gobierno castellanoleonés no sólo aprobaron ayudas destinadas a mejorar la financiación y la liquidez de las empresas en la región sino también a ampliar la cobertura al desempleode los parados. En este sentido, el acuerdo recoge tres tipos de mejoras para los afectados por una suspensión o extinción de empleo. La primera con un complemento a los afectados por un ERE de suspensión, con una paga que redondea la prestación por desempleoy que ingresan en función de su base de cotización. En segundo lugar, el Gobierno ayuda a los parados mayores de 55 años que hayan sido despedidos por una empresa en insolvencia. Si se cumplen unos determinados requisitos, la Junta puede llegar a dar hasta 1.440 euros de ayuda.

Por último, y ésta es la figura que más gusta a los sindicatos, el Gobierno dará una paga de 421,79 euros hasta un máximo de seis meses a los desempleados que se acojan a políticas activas de empleo. El acuerdo castellanoleonés también trata otras competencias de la comunidad como la asistencia a la tercera edad o a los dependientes.

Pero en las comunidades autónomas no sólo se ha debatido sobre medidas paliativas para las situaciones de desempleo. En Asturias, la negociación tripartita acordó en febrero reordenar parte de un plan aprobado el año anterior con el fin de acelerar la licitación de obra pública en la región. Así, aunque se planteaba invertir 580 millones en este ejercicio, el acuerdo social subió esta cifra un 43%, hasta 828 millones de euros. También se adelantan 322 millones de euros para obras de los ayuntamientos y se refuerzan las medidas para contratación directa de parados por los ayuntamientos con una dotación de 36 millones de euros.

Un paquete de becas y subvenciones para la contratación de jóvenes y ayudas a los autónomos redondean el paquete impulsado en el Principado, que movilizó en total 900 millones de euros.

Otro de los acuerdos más recientes ha sido el promovido en La Rioja, que pivota sobre medidas para fomento del tejido industrial y ayudas para la innovación y la internacionalización. También sindicatos, patronal y Gobierno decidieron mejoras en la aplicación de la Ley de Dependencia o en Igualdad.

Este entendimiento en las comunidades de tamaño más pequeño choca no sólo con el desencuentro en el proceso central sino también con las dificultades de la concertación en las grandes comunidades. Madrid y País Valenciano tienen firmados sendos acuerdos para iniciar sus procesos de diálogo, pero hasta ahora no han logrado materializar medidas concretas. En Euskadi, el Plan de Empleo se aprobó sin contar con la concertación social y en Catalunya están en trámites de renovar el diálogo que expiró en 2008.

Andalucía
Aún en borrador
En 2005 se firmó el último gran acuerdo de Diálogo Social que expiró en diciembre de 2008. En febrero la Junta envió un borrador para iniciar un nuevo proceso.

Catalunya
"A remolque"
Los agentes sociales están sentando las bases para renovar el acuerdo que finalizó en 2008, pero los sindicatos se lamentan de ir “a remolque” de la crisis.

Madrid
Recta final
El Gobierno de Esperanza Aguirre firmó en enero un acuerdo para iniciar el diálogo. La semana pasada dio un giro al presentar los sindicatos un plan de choque.

País Valenciano
En punto muerto
En septiembre se firmó el acuerdo que sentaba las bases del diálogo. Desde entonces está en situación de parálisis y sin que se haya realizado un seguimiento.