El Gobierno ejerció ayer de testigo de excepción del profundo desencuentro que subsiste entre patronal y sindicatos, y que hace casi inviable un acuerdo en materia laboral a tres bandas. Los principales representantes de los agentes sociales se reunieron ayer por la mañana en una larga reunión con nulo resultado, después de que sindicatos y patronal no lograran acercar sus posturas mínimamente.

Por la parte del Gobierno asistieron el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y el director del Gabinete de Presidencia, José Enrique Serrano; por la patronal asistieron el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el encargado de Relaciones Laborales, Santiago Herrero; por los sindicatos, los dos secretarios generales, Cándido Méndez, de UGT e Ignacio Fernández Toxo, de CCOO.

El Gobierno se incorporó a esta reunión después de que en las últimas semanas, la negociación se hubiera centrado a nivel bilateral entre patronal y sindicatos. Aunque las partes han acordado 'seguir negociando', hoy no está prevista ninguna reunión pero sí se podrían celebrar mañana o pasado. Inicialmente, la fecha límite para llegar a un acuerdo en el Diálogo Social era mañana, último día de mayo, pero Corbacho ya había adelantado este mismo viernes la posibilidad de dejar que las conversaciones discurrieran durante toda la semana.

A día de hoy, las posibilidades de que fructifique un acuerdo son muy pocas, como ayer reconocían distintas fuentes de la negociación. Los sindicatos acusan a la patronal de haberse enrocado en las peticiones 'de siempre' que pasan por abaratar el despido y desregular la contratación.

Aparentemente, la patronal ha cedido en su aspiración de una rebaja de las cotizaciones. Por este motivo, los empresarios han redoblado esfuerzos en los cambios en el despido, ampliando el abanico de causas para acogerse a la forma objetiva (con 20 días de indemnización).

Si los agentes sociales no cierran el acuerdo, la intención del Gobierno es discutir un posible decreto de reforma laboral el viernes, 11 de junio, según afirmaron a Efe fuentes del Ejecutivo. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró el viernes que el Gobierno quiere que los partidos políticos conozcan antes el texto.

La convocatoria de paro general en la Función Pública, el próximo 8 de junio está marcando los últimos coletazos del Diálogo Social. El Gobierno no puede levantarse de la mesa antes de este paro, porque la decisión le podría pasar factura en las calles antes incluso de aprobar un texto definitivo de reforma.

En todo caso, los sindicatos recordaron ayer que no convocarán una huelga general ante 'cualquier' decreto de reforma, si no sólo ante el que sea 'lesivo' con los derechos que tienen actualmente los trabajadores.